Un centenar de manifestantes pertenecientes al Comité Unitario de Ex Presos Políticos y Exonerados Políticos realizan, desde las 10.00 horas, una movilización para exigir que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla con los compromisos verbales asumidos con estas organizaciones tras cumplir un año de gobierno.
Los manifestantes exigen que el ejecutivo escuche las demandas de las organizaciones de ex presos políticos y que se concretan en «la obligación ética y política del estado, a garantizar la justicia plena, la reparación integral y la garantía de no repetición, es decir, que nunca más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad».
Los ex presos políticos se concentran en la cercanía de la estatua del ex Presidente Salvador Allende con lienzos y lanzan proclamas en contra del gobierno y de la Concertación.
Además, los convocados a esta acción de protesta «exigen plazo indefinido para la calificación de los exonerados políticos y que el bono compensatorio sea para todas las víctimas de la dictadura».
Agregan que el gobierno ha demostrado poca voluntad política respecto de estas materias dado que tanto el Ministerio del interior, el Instituto de Normalización Previsional (INP) y la Contraloría General de la República se han demorado, excesivamente, en el pago de estos beneficios legales.
Además, uno de los puntos que estas organizaciones viene planteando hace algún tiempo a las autoridades del gobierno es el aumento económico en las pensiones reparatorias, asi como la reapertura de los plazos para calificar como ex preso o exonerado político y, la posibilidad que las becas de estudios puedan ser traspasadas a los hijos de las víctimas dado que muchos, por edad, no pueden realizarla.
Cabe recordar que el Congreso tampoco se ha demostrado sensible frente a esta materia. Es más, sectores de la Concertación no estarían dispuestos a mejorar las actuales pensiones reparatorias.
En el caso de la Alianza (UDI, RN) para ellos la leyes de reparación no son reevaluables, dado que a su juicio la voluntad política de la oposición se concretó cuando se legisló la Ley del Informe Retting y la Ley que dio vida a la Comisión Valech.
TAREAS REPARATORIAS PENDIENTES
Existe consenso entre las organizaciones de derechos humanos que el Gobierno no se ha hecho cargo de los graves problemas que ha tenido la implementación de las medidas reparatorias más allá de las económicas.
Hasta la fecha no ha existido voluntad de avanzar en el reconocimiento público y moral de las víctimas asesinadas o presas por la Dictadura Militar.
La falta de espacios públicos que recuerden el genocidio no están en la agenda del gobierno, es más, el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político que se levanta en el Cementerio General de Santiago no cuenta con los recursos suficientes para su convservación y promoción pública como un espacio importante de la memoria colectiva del país.
Otro de los problemas que deben enfrentar los familiares y víctimas de los derechos humanos es el ineficiente sistema de salud que el gobierno ha implementado en estos años a través del Programa de Atención Integral a las Víctimas (Prais).
En él, no se diferencia en nada respecto de los programas de asistencia de salud (tarjeta Blanca de indigencia) que implementa el Ministerio de Salud.
Si bien no tiene costo la atención, los familiares de las víctimas reconocidas por leyes reparatorias deben esperar largos meses para acceder a una consulta o, para una intervención quirúrgica. No existen mecanismos administrativos especiales para las atenciónes médicas o convenios con especialistas que atiendan bajo un criterio preferente a estas personas que, por su condición de víctimas, debieran tener una asistencia más especializada. Se supone que ese era el espíriutu de la Leyes de reparación.
En el campo de la justicia han existido avances en esta materia pero, hay que señalar, que estan relacionados a los llamados casos emblemáticos y, respecto de los demás duermen el sueño de los justos.
En esta materia también hay que agregar que en los juicios de indemnizaciones civiles por responsabilidad de los ejecutores o políticas en el caso del Estado, el Consejo de Defensa del Estado ha tenido una actitud errática dado que al momento de encausar a los culpable actúa en la misma línea de los abogados de DDHH pero, al momento de evaluar la participación del Estado en los crímenes argumenta que no corresponde la indemnización por períodos de prescripciones.
Sin embargo, existen casos donde el Consejo de Defensa del Estado ha tenido que asumir el pago económico como es el caso de Enrique París, Orlando Letelier y, últimamente, el caso del diplom´patico español Carmelo Soria, todos ellos con el aporte de connotados y reconocidos abogados de la plaza. Sin embargo, los casos de víctimas sin cargo político o de extracción humilde dificilmente podrán enfrentar en Tribunales a los abogados del Estado.
Santiago de Chile, 12 de marzo 2007
Crónica Digital
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