Asimismo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) emplazó al gobierno para que envíe a la brevedad el proyecto de ley que elimina los efectos de la ley de Amnistía de 1978, que fue creada por el régimen de Pinochet para legalizar la impunidad de los crímenes cometidos por los militares entre 1973 y 1978.
La AFDD también exigió a todas las instituciones del estado (Gobierno, Poder Judicial y Parlamento) un pronunciamiento público respecto del caso.
LOS SEDICIOSOS DE SIEMPRE
La AFDD señaló en su comunicado que los tres parlamentarios de la UDI que abiertamente solidarizaron con la fuga del ex general Raúl Iturriaga Neumann incitan a la subversión al manifestar su apoyo público al condenado.
Además, de la condena ética que la Agrupación exige al Parlamento, el actuar de estos senadores y diputado debería abrir la puerta para una investigación parlamentaria por abandono de deberes dado que los legisladores están obligados por Ley a respetar la institucionalidad democrática y, en ninguno de los casos, sus declaraciones se enmarcan dentro del fuero ya que ninguno abordó este tema en el hemiciclo, lugar donde si pueden hacer uso de esta prerrogativa legislativa.
MAYOR AGILIDAD A LOS TRIBUNALES
En su carta la AFDD solicitó que los Tribunales de Justicia apliquen mayor celeridad respecto de las causas de derechos humanos y, pidió mayor celeridad en la búsqueda del ex general Iturriaga e indagar las eventuales responsabilidades del abogado Jorge Balmaceda en lo que definió como el montaje de la fuga.
Cabe recordar que, según versiones de prensa, el condenado criminal habría abandonado el departamento de su actual pareja el pasado viernes 8 de junio, en su automóvil, con destino desconocido y no, como lo habría manifestado la defensa en el recurso de presunta desgracia donde señalan el día lunes 11, fecha que de debía entregar a la policía en el penal Cordillera.
LA ESTRATEGIA DE LOS EX AGENTES Y MILITARES EN RETIRO
En la última semana, los círculos y agrupaciones de ex militares han levantado una campaña comunicacional con el objeto de politizar la huída del ex jefe del Departamento Exterior de la DINA y, reinstalar una salida política a los cerca de 500 uniformados que hoy se encuentran procesados o condenados por asesinatos y secuestro de opositores a la dictadura pinochetista.
Ayer, los ex uniformados intentaron realizar una conferencia de prensa en apoyo del clandestino ex agente, donde inclusive reconocieron a viva voz que lo realizado por los militares durante el régimen se debieron a órdenes superiores. Sin embargo, la cita se vio truncada con la presencia de familiares de las víctimas y de la Comisión FUNA, que emplazó públicamente a los ex uniformados congregados en el Círculo de Oficiales en retiro.
Pero ello no impidió que el coronel en retiro del Ejército, Haroldo Latorre Sánchez, sentenciara que tanto Iturriaga como los demás uniformados procesados no han tenido un debido proceso ya que, para ellos, la figura del secuestro permanente vulnera la presciptibilidad de los delitos. De esta forma el ex coronel buscó desconocer el actuar de los Tribunales de Justicia y los fallos judiciales donde sus ex camaradas de armas son condenados por crímenes de lesa humanidad.
Cabe recordar que Haroldo Latorre Sánchez fue acusado como responsable de la detención y desaparición, 1974, del estudiante comunista, José Flores Araya. Las investigaciones judiciales demostraron que el coronel en retiro, junto a una patrulla militar, sacó al joven del Liceo Politécnico de Maipú el 23 de agosto de 1973 y, desde esa fecha el detenido engrosa la lista de los desaparecidos.
Otra forma de politizar el actuar de la justicia es que los ex agentes represivos intentan empatar sus casos judiciales el dolor de los familiares de las víctimas. Para ello han argumentado que ellos y sus familias sufren por esta situación. Sin embargo, resulta peligroso e inmoral que los militares utilicen a sus familiares para hacerlos co-responsables de sus delitos tal como ha transcendido a la prensa de la posible creación de la Agrupación de Familiares de Militares Presos Políticos en Democracia. De materializarse esta iniciativa no sería extraño en Chile que, luego, se formen agrupaciones de familiares de pedófilos, lanzas internacionales y traficantes de drogas.
Por último, la AFDD solicitó que el Ejército inicie una investigación interna para determinar si el prófugo de la justicia, general Raúl Iturriaga Neumann ha recibido apoyo de personal en servicio activo y, de paso exigieron terminar con la política de financiar la defensa de los inculpados en casos de derechos humanos.
Santiago de Chile, 19 de junio de 2007.
Crónica Digital
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