LAS RESPONSABILIDADES PUBLICAS EN CHILE

Dicho documento fue entregado en su oportunidad a los señores Ministros Andrés Velasco, Eduardo Bitrán, Paulina Veloso y Belisario Velasco y examinado en el Comité Político. Igualmente tal Informe según reveló el Ministro del Interior fue conocido oportunamente por la Presidenta de la República.

De alguna manera u otra la opinión pública pensaba que los desaciertos en la aplicación y diseño del Transantiago no fueron percibidos por las autoridades políticas del país al tiempo de colocar en ejecución dicho proyecto, el 9 de febrero de 2007, por tratarse de materias supuestamente técnicas. De muy buena fe siempre se creyó que las autoridades políticas se fueron dando cuenta de los errores del Transantiago, sólo cuando el mismo entró en aplicación, a la altura de los meses de febrero, marzo y abril del presente año.

El Informe Confidencial de Metro S.A., coloca las cosas en su lugar: las autoridades políticas del país y las encargadas de la conducción financiera y económica fueron alertadas en tiempo y forma sobre todas y cada una de las características del Transantiago y principalmente sobre los efectos dañinos que se producirían en el diario vivir de miles y miles de chilenas y chilenos. Pese a dicho conocimiento esas autoridades pusieron en acción el Plan Transantiago.

En la vida privada todos somos responsables de nuestros actos: respondemos civil y penalmente de nuestras acciones y omisiones. Eso se aprende y se practica ya en la escuela, en los colegios, liceos y universidades. Más tarde en la vida adulta, laboral y familiar, se va haciendo realidad la responsabilidad. Si no pagamos los impuestos, somos sancionados. Si pasamos una luz roja, somos llevados a un tribunal de Policía Local. Si cometemos un ilícito penal actúa el Ministerio Público y la Justicia del Crimen. Si como trabajadores dejamos de cumplir con nuestras obligaciones, tal vez se ponga término al contrato de trabajo. Siempre se responde.

Sin embargo, en el ámbito público relacionado con la dirección y organización de las tareas del bien común, radicadas en el Gobierno de la República y en la Administración del Estado, cuando se trata de situaciones conflictivas que de alguna manera comprometen y afectan la responsabilidad de personeros u autoridades políticas, las responsabilidades desaparecen, no se asumen y no se hacen efectivas. Cuando más hemos escuchado la frase “yo asumo mi responsabilidad”, pero ella no va acompañada de la conducta correspondiente: hacer dejación del cargo o renunciar al mismo. Más aún, quienes en algún momento han dicho que han asumido su responsabilidad, han continuado ejerciendo sus labores.

Pienso que quienes han tenido a su cargo las tareas políticas y económicas de primer orden en los Ministerios de Hacienda, de Obras Públicas y del Interior y que oportunamente fueron alertados sobre los efectos del Transantiago, a través de un Informe razonado y metódico del Presidente del Metro, debieran asumir sus responsabilidades y dejar a la Presidenta de la República en completa libertad para que ella como Suprema Autoridad de La Nación haga un cambio muy de fondo en su Gabinete. Ese cambio de Gabinete de llevarse a la práctica significaría una señal muy potente para el país: en materia pública, las responsabilidades se asumen, pero al mismo tiempo quienes no actuaron con la correspondiente prudencia o diligencia, en su caso, deben renunciar voluntariamente a sus cargos de Ministros, dando lugar a un Gabinete que introduzca modificaciones importantes en la conducción política y económica del Gobierno de Chile.

A su vez los Partidos de la Concertación no pueden asumir una conducta de defensas corporativas y tienen que avocarse directamente a una crítica muy directa sobre sus comportamientos en todo el tema relacionado con el Transantiago. En efecto, si bien el Informe Confidencial del Metro S.A., sólo se ha conocido ahora, el análisis en él contenido y los razonamientos que con tanta precisión hizo Blas Tomic, eran ampliamente conocidos en el mundo político. Diversos parlamentarios, mucho antes del 9 de febrero de 2007, reiteradamente hicieron presente a las autoridades del Gobierno del Presidente Lagos sobre los errores mayúsculos que habían en la concepción técnica y en las políticas que estaban orientando el Plan Transantiago. Pese a lo anterior, con posterioridad al 9 de febrero de 2007, en términos generales no hemos escuchado en los Partidos de la Concertación una autocrítica de fondo sobre todo el Transantiago y principalmente sobre su diseño y sobre las responsabilidades que era necesario hacer efectivas, tanto en el ámbito político, como civil y administrativo.

La controversia sobre el Informe de Blas Tomic no puede traducirse únicamente en un debate entre el Gobierno y la oposición. Eso no le interesa al país. Estoy convencido que la opinión pública quiere que se hagan efectivas las responsabilidades políticas en los términos que venimos comentando.

Lo curioso que en el Senado de la República el 19 de Junio de 2007, se votó un Proyecto del Gobierno sobre el Transantiago. En dicha oportunidad el Senador Adolfo Zaldívar dio las razones por las cuales estimaba que esa política del Gobierno estaba equivocada y porque motivo, en un juicio de conciencia, votaba en contra de ese Proyecto. Las razones que dio en aquella oportunidad, en gran parte, son las mismas razones y consideraciones contenidas en el Informe Confidencial de Metro S.A. Este Informe sólo ha venido a confirmar y ratificar en su integridad toda la fundamentación política, moral, jurídica y republicana del voto del Senador Adolfo Zaldívar. Sin embargo, por el sólo hecho de haber votado en esa forma el Senador fue llevado al llevado al tribunal Supremo de su partido, sin que existieran motivos de ninguna especie para tal medida, ya que ajustó su comportamiento en todo momento al mandato constitucional de votar siempre conforme a los dictados de su conciencia, en aras del bien común.

Dada la situación anterior la opinión pública está atenta a las resoluciones de los partidos políticos y del Gobierno que necesariamente deberán tomar a raíz del conocimiento público del Informe Confidencial de Metro S.A. La opinión pública espera un cambio de Gabinete e igualmente la ciudadanía espera el archivo definitivo de aquella injusta causa que en contra del orden jurídico positivo se inició en contra del Senador Adolfo Zaldívar. Este ha sido un dirigente político responsable y consecuente con los valores y principios de la democracia. Actuó en defensa de los derechos de la ciudadanía de la ciudad de Santiago. Fruto de todo esto quedará siempre presente que en política, como en todas las actividades de la vida, lo que se dice en frases y palabras debe traducirse en acciones concretas, en gestos y actitudes. Los perfiles de los corajes políticos, siempre son premiados por los países y los pueblos, que más temprano que tarde reconocen los verdaderos liderazgos.

Por Hernán Bosselin Correa. Abogado. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 1 de agosto 2007
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Mié Ago 1 , 2007
No se obtuvo todo lo que se pedía pero sí una buena parte y ello obviamente es del todo satisfactorio para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Sin embargo, lo más importante no han sido los logros económicos para los trabajadores, sino más bien los logros políticos, no sólo para ellos sino para todo el país, para el gran conjunto de trabajadores de Chile que incluye no sólo a los obreros o a los mineros en este caso particular, sino también –que es lo correcto- a todos quienes recibimos una remuneración como resultado de una actividad laboral cualquiera sea ella. Ya lo entendía así y muy bien Jorge Manrique cuando en sus coplas por la muerte de su padre, nos recordaba que a la muerte llegan –como los ríos en la mar- tanto los que viven por sus manos como los ricos. Esta distinción tan típicamente económica y muy bien comprendida en la literatura, a muchos les gustaría olvidar en un desenfrenado y absurdo arrivismo social pensándose miembros de una categoría especial por sus estudios o sus posiciones en la pirámide productiva, pero, se les olvida que en la antigua Grecia o en la antigua Roma, hasta los médicos eran esclavos. De allí la importancia de entender el logro político de los contratistas de Codelco. Para quienes no lo sepan o les cueste verlo, el famoso modelo económico chileno, padre espiritual del “milagro” económico, no es más que un patrón de acumulación, es decir, un mecanismo jurídico institucional y político construido para producir un aumento importante del producto económico en territorio chileno, pero acumulado y concentrado en un extremadamente reducido número de agentes económicos, esto es, las familias de los grupos económicos y sus más estrechos colaboradores. Eso y nada más es el “milagro” económico nativamente chilensis. Esto no tiene nada de milagroso, es tan mecánico como las torturas de la Santa Inquisición: a mayor tortura más confesiones, más almas rescatadas y más cuerpos quemados. A mayor poder ejercido implacablemente sobre la sociedad chilena, mayor la concentración de la riqueza de unos y mayor la tortura de la enorme mayoría para alcanzar el pan nuestro de cada día. En este mecanismo de poder, la clase política juega un rol trascendental, son como los redefine José Saramago, los comisarios del capital, quienes les guardan a los poderosos las llaves del reino. Ellos aseguran que las leyes “democráticamente” elaboradas y aprobadas, tales como las leyes de pesca, subcontratación, inversión extranjera, código de minería, y otras, no modifiquen ni con el pétalo de una rosa los mecanismos institucionales que aseguran la apropiación de la riqueza que todo el país contribuye a producir. Quizás los únicos rasgos milagrosos de este modelito sean, por ejemplo, hacer de las nanas puertas adentro parte del 20% más rico -según la Casen 2006- o que los indicadores económicos muestren el mundo feliz de Aldous Huxley, ese mundo altamente productivo sin conflictos sociales, sin pobreza y todos -como nos lo relata Huxley -permanentemente felices, pero, a costa de […]

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