DIPUTADOS CARMONA Y AGUILÓ FISCALIZAN DEPENDENCIAS DE PENAL CORDILLERA

Como lo hicieran en Mayo del 2011 los diputados Carmona y Aguiló fiscalizaron el Penal Cordillera tras la denuncia por la situación de confort desmedido en que viven los detenidos de este penal.

El diputado Sergio Aguiló, integrante de la comisión de Derechos Humanos, llamó a cerrar Punta Peuco y no sólo el Penal Cordillera:

“Son penales de lujo ambos, y es muy difícil hacer una distinción desde el punto de vista de las comodidades y de las condiciones excepcionales que están los internos en un penal y en otro.”

El parlamentario de la Izquierda Ciudadana e integrante de la comisión de Derechos Humanos consideró que “estos dos penales tienen privilegios irritantes, odiosos en comparación con el resto”. señaló en conversación con radio ADN.

Además, el legislador recordó que los allí internos “no cumplen su privación de libertad estrictamente, pasan una buena parte del tiempo en el Hospital Militar”.

Sin embargo, Aguiló sostuvo en ADN Radio Chile que a los presos “en cualquier país que quiere rehabilitar, se les debe privar de libertad pero ninguna otra pena, nadie le ha entregado una pena adicional de que estén hacinados, que estén comiendo mal”.

“No queremos que estos internos se vayan de Punta Peuco o del Penal Cordillera a celdas donde se construyó para una o dos personas y quepan diez, nada de eso, porque sería un acto de venganza que no está en el espíritu nuestro ni de las organizaciones de DD.HH”, aseguró. El diputado e integrante de la comisión de Derechos Humanos, Sergio Aguiló, aseguró que tras el anunciado cierre del penal Cordillera lo que corresponde ahora es hacer lo propio con Punta Peuco.

 Santiago,27 septiembre de 2013
Crónica Digital

 

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El dueño del imperio mediático chileno El Mercurio, Agustín Edwards, declaró ante un juez en el trámite de una querella contra todos los autores del golpe de Estado de 1973, informó hoy una fuente judicial. La causa fue presentada desde el 14 de diciembre del pasado año por organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales aspiran a que se castigue a todos los que hayan instigado el cuartelazo, y los delitos que el  zarpazo implicó. Según confirmó hoy el propio juez a cargo de la querella, Mario Carroza, Edwards se presentó a declarar la víspera en compañía de su abogado Miguel Schweitzer, uno de los letrados que defendiera al dictador Augusto Pinochet en varios procesos en su contra. El magistrado Carroza investiga una operación de la otrora Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) destinada a aniquilar más de un centenar de opositores a la dictadura Pinochet. Indaga sobre el rol que jugaron los diarios bajo control de Edwards tanto durante el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, como después, en sus reportes sobre supuestos enfrentamientos internos de fuerzas de izquierda que la justicia más tarde demostró que no eran reales. El vespertino La Segunda, parte del holding El Mercurio, tituló «Exterminados como ratones» una información referente a un supuesto enfrentamiento intestino que había costado la vida a 119 integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Argentina , y que en realidad fueron ejecutados por la DINA en 1975. La campaña comunicacional para encubrir los hechos, denominada Operación Colombo, se enmarca bajo la sombrilla de la Operación Cóndor, la gran cacería de integrantes de la izquierda por parte de los servicios de inteligencia de las dictaduras en países suramericanos. La querella contra el golpe de Estado fue presentada por el abogado Eduardo Contreras, a nombre de las agrupaciones de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos. «Este es un hecho inédito en la historia de Chile, es un acto necesario, es un acto de elemental justicia, ningún abogado puede estar tranquilo con su conciencia si no inicia las acciones penales que corresponden y a petición de los familiares de las víctimas», comentó Contreras a Prensa Latina a raíz de abrirse la causa. La demanda tiene como objetivo esclarecer las causas del golpe militar, «porque el golpe en sí es un delito, porque hubo sublevación, hubo rebelión, hay delitos juzgados por el código de justicia militar, hay ilícitos penales por los cuales deben responder no solo los militares, también los civiles responsables y autores del golpe», exclamó. «Yo tengo confianza en los tribunales chilenos, hay una experiencia desde el año 1998, creo que se van a investigar los delitos, que va a haber procesamientos y espero que haya condenas», precisó el letrado, querellante en varias causas contra el fallecido dictador Augusto Pinochet y otros militares. Santiago de Chile, 27 de septiembre 2013 Crónica Digital

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