Sin embargo, advirtió que ‘la gravedad de lo sucedido en la plaza no puede devenir un pretexto para encubrir otras responsabilidades igualmente graves’ y no precisamente de la policía, sino -agregó- de quienes consintieron que personas diversas vivieran en condiciones infrahumanas en el centro de la capital.
Gabrielli recordó que hace dos años, cuando era todavía jefe de la policía de Roma, diseñó con el entonces comisario extraordinario, un mapa de ruta para encontrar soluciones a las ocupaciones ilegales de inmuebles, porque ese asunto ‘no se resuelve con desalojos, sino encontrando soluciones alternativas’.
Puntualizó que como parte de aquellas gestiones estaba prevista la asignación de más de 130 millones de euros para implementar variantes a las ocupaciones y seguidamente preguntó si alguien le puede decir que pasó con aquel trabajo y cómo fueron invertidos los fondos.
Al menos cuatro manifestantes fueron detenidos y otros 13 resultaron lesionados según la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, algunos de cuyos integrantes se encontraban en el lugar para socorrer a los migrantes.
El choque se produjo cuando los policías trataron de desalojar a un centenar de personas que ocuparon la céntrica Plaza Independencia, tras ser sacados de un edificio cercano ocupado ilegalmente desde hace años.
Los uniformados utilizaron chorros de agua para dispersar a los migrantes, en parte refugiados o solicitantes de asilo procedentes del África Subsahariana, quienes resistieron la acción con el lanzamiento de piedras y botellas, según la versión oficial.
De acuerdo con medios locales, la policía explicó que la intervención fue inevitable, después que los manifestantes rechazaron el día anterior un lugar de alojamiento ofrecido por la alcaldía, además de poseer información sobre la posesión de bombonas de gas y botellas incendiarias por parte de algunos ocupantes.
Varios migrantes se quejaron de malos tratos durante la operación policial, en tanto una calificó de absurda la situación creada, pues se trata de refugiados políticos con los documentos en regla y lo único que piden es una casa donde vivir.
Por su parte, el portavoz de la representación de Unicef en Italia, Andrea Iacomini, protestó por el impacto sicológico negativo de la intervención sobre los niños inmigrantes, según La Repubblica.
‘Hablamos de 800 personas con estatus de refugiados, sobrevivientes de guerras, persecuciones o torturas quienes, en algunos casos, obtuvieron la ciudadanía italiana, lanzadas a la calle en condiciones inhumanas, sin una alternativa sostenible real de parte del gobierno de Roma’, indicó Iacomini.
Roma, 25 de agosto 2017
Crónica Digital /PL
