Por Marcel Garcés Muñoz.
Prácticamente solo pasaron horas después de asumido, el martes 28 de julio, el nuevo gabinete ministerial del presidente Sebastián Piñera, y que el UDI, Víctor Pérez, ex subordinado de Pinochet y defensor del enclave nacista de Colonia Dignidad, asumiera el Ministerio del Interior, para que se pusiera en evidencia el real contenido de la “nueva etapa” o el “nuevo ciclo”, y el verdadero contenido del “diálogo”, ofrecido por el gobierno de la derecha, cada vez mas pinochetista, instalado en La Moneda.
No fue casualidad que Pérez, en un acto de prepotencia y matonaje político, viajara a la Araucanía, el viernes 31 de julio, para dar la voz de orden para la represión, a implantar en una de las el regiones más pobres del país, y donde se unen a la miseria, el genocidio histórico, la represión militarizada y permanente, negando la existencia de un conflicto histórico con un pueblo y una cultura ancestral, agredido, reprimido, despreciado, discriminado por la gobernante elite derechista chilena.
El ministro, sin embargo, no se limitó a elegir para su provocación deliberada, una zona donde existe una situación política y étnica delicada, con presos mapuches -un Machi, Celestino Córdova y otra veintena de condenados de las comunidades mapuches en lucha por sus territorios y derechos desconocidos por el Estado chileno.
Al mismo tiempo despreció a los alcaldes de las cinco Municipalidades ocupadas por activistas mapuches que reclamaban por derechos para la veintena de presos mapuches en huelga de hambre.
Pèrez acusó a los ediles de no cumplir con sus deberes de pedir el desalojo a los ocupantes mapuches de los recintos municipales, dejando sembrada la bomba de tiempo de la violencia represiva, con participación de bandas civiles, que finalmente estalló la noche del sábado 31 de julio con epicentro en Curacautín, con un inédito componente: la participación brutal de bandas de paramilitares armados con garrotes y otros elementos contundentes, que en coordinación con Carabineros, atacaron a los mapuches que permanecían en tranquilidad en los recintos.
Estos elementos, cuya identidad debieran conocer los servicios de inteligencia policial y militar, y la UDI por supuesto, fueron los que desataron la violencia agrediendo a los mapuches, que habían llegado a un acuerdo para salir del recinto con Carabineros, que garantizaron su integridad, y fueron los que destruyeron las instalaciones, muebles y ventanales, robaron computadores y vandalizaron instalaciones municipales, e incendiaron los edificios y documentación.
Existe un video, grabado por Carabineros, que da cuenta de una negociación entre el jefe del operativo y comuneros mapuche, que en una actitud pacífica mantenían la ocupación, en demanda de que los comuneros en huelga de hambre, desde hace 90 dias, en particular Celestino Córdova, fueran traslados a sus comunidades- para garantizar su salud.
Los supuestos “ciudadanos indignados”,( unos 500 individuos que habrían actuado “espontáneamente” en medio de consignas racistas contra el pueblo originario (“que se vayan”, “el que no salta es mapuche”), en realidad fueron convocados en cada caso por watsapp, resultan ser integrantes de los comandos armados, fuerzas de choque, que según la portavoz de la Asociación de Agricultores Malleco-Victoria, Gloria Naveillán , “nacieron para hacer frente al robo de animales y a la delincuencia rural, pero han tenido que derivar a temas relacionados con terrorismo” (El Mercurio, 3 agosto,2020).
Naveillán, que en su oportunidad llamó a las Fuerzas Armadas a ocupar militarmente la Araucanía, (es decir es una vieja agitadora de la violencia en la región), agregó que “después de seis días de toma, en que los alcaldes demostraron cobardía, la ciudadanía despertó. Los municipios nos pertenecen a todos”.
Por su lado. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, agrega que “entendemos la frustración de la ciudadanía”, al tiempo que advirtió que “no es responsabilidad de los afectados por la violencia buscar mecanismos de defensa”.
Medio millar de elementos de claramente una formación paramilitar, penetraron a los recintos municipales, al recinto, tras -”protegidos” es la palabra más adecuada- los efectivos de las Fuerzas Especiales- y del Comando Jungla (formados por Estados Unidos en Colombia), agredieron a los comuneros ocupantes- jóvenes, mujeres y niños, a vista y paciencia de los efectivos policiales.
El ministro del Interior, no puede eludir, por lo menos, su responsabilidad política en semejante escenario al cual contribuyó con sus palabras, en su visita a la región, el viernes 31 de julio.
Pèrez dijo en la ocasión: “queremos (que las policías) actúen cada día con mayor eficiencia para desarmar organizaciones delictuales y combatir el delito”, argumentando que el accionar policial contra los pueblos indígenas, “es un trabajo permanente y tengo la convicción de que esto puede agravarse y por eso hemos estado aquí trabajando con las policías para respaldarlas y para que efectivamente tengan la capacidad de que esos grupos organizados y violentos puedan ser aislados”.
El ministro enfatizó mas adelante que “hay evidencia absoluta de que estamos frente a grupos con capacidad militar, con financiamiento, con despliegue operativo, que están decididos a que no exista la paz y eso es lo que tenemos que combatir”.
Es decir, por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera, según su ministro “halcón”, la guerra está declarada, por lo que el proclamado diálogo, es solo parte de la guerra interna en desarrollo, es decir un volador de luces, una trampa.
Pérez dijo que por ello, “una de mis principales preocupaciones estando acá (en la Araucanía) ha sido reunirme con los mandos militares, estudiar con ellos la eficacia de su labor”.
De acuerdo a El Mercurio, en esa misma línea recalcó que “mientras exista una violencia desatada que les genera miedo y temor a las personas, difícilmente se va a poder construir un espíritu de diálogo”.
Queda clara, entonces, la verdadera estrategia del gobierno. Estamos notificados.
El montaje alevoso de una “noche de los cristales rotos”, en un paralelo histórico con una asonada previa a la toma del poder total del nscismo hitleriano en Alemania, resulta decidor y suficientemente claro. Y ahora en la Región de la Araucanía, representa una de las mayores amenazas de violencia en el escenario político chileno.
Hordas de civiles, entrenados para actuar como milicia de los hacendados locales y los intereses de la industria maderera, armados por ahora de garrotes, y gritos de contenido racista contra la etnia mapuche, constituyen el preludio de una acción que no puede sino terminar con un baño de sangre.
Algo sabe de esto el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín que en paralelo a estos acontecimientos amenaza a los chilenos todos con un golpe de Estado, supuestamente fraguado ”por la izquierda”.
El modelo alevoso de instalar la violencia, acusando a “los otros” de provocarla, ya fue conocido en Chile en 1973.
La responsabilidad de las autoridades de gobierno, de su bloque político, que ahora parece estimar que tienen las manos libres para desatar el caos, no se puede eludir con palabrería demagógica sobre supuestos diálogos, para encubrir los objetivos de criminalizar a quienes protestan, hacen demandas, exigen reivindicaciones económicas y sociales.
Proclamaciones contra “los violentos” hechas por el presidente en Mensaje al país del jueves 31 de julio, declaraciones de su ministro del Interior y representante del pinochetismo militante deben ser entendidos como amenazas no solo contra los mapuche y sus demandas, sino que dirigidas contra todos los chilenos, que levanten su voz en demanda de sus legítimos derechos, y antes que nada, toda una expresión de sus verdaderos objetivos totalitarios contra la institucionalidad y los principios democráticos.
El gobierno esta mostrando así su verdadero rostro, y la verdadera estrategia de utilizar la fuerza, el totalitarismo para imponer el poder de su modelo neoliberal, en lo político, económico y social.
Su prédica sobre la imposición del “orden social” como estrategia de dominación sobre los ciudadanos, en primer lugar la oposición política, los sectores sociales que hagan presente sus legitimas demandas, no debe engañar a la opinión pública ni a los dirigentes políticos y sociales.
Es más bien un chantaje con la represión para acallar la voz de los ciudadanos y volver a las prácticas de la dictadura militar fascista de Augusto Pinochet y los grupos recalcitrantes de la derecha económica y política, con las consecuencias que se conocen.
La advertencia sobre el imperio de los “halcones” en La Moneda, que hicimos hace semanas, ha resultado desgraciadamente premonitoria.
De esta manera los hechos en La Araucanía confirman las amenazas que se asoman, como una tormenta, sobre Chile, la democracia, los ciudadanos y sus derechos.
La responsabilidad del Gobierno, en primer lugar del presidente, de la clase política y de los ciudadanos en general, es histórica e irrenunciable.
Y la inacción puede sumir al país en una nueva tragedia política y humana.
Si se deja el campo libre a las bandas paramilitares y sus promotores, y se deja impune el cultivo de la violencia y el terrorismo como mecanismo de dominio político, el país se encamina al caos, hacia el desconocimiento de todos los derechos humanos, de las libertades democráticas básicas, y la destrucción de la Nación.
En este sentido, nadie puede eludir su responsabilidad y su deber de comprometerse en la defensa del porvenir del país y de los chilenos.
El poder, los medios, los servicios de inteligencia, orden y seguridad, deberían dejar de mirar hacia el lado, cuando existen evidencias de la existencia de variadas organizaciones paramilitares de ultraderecha, que ya han usado la violencia contra manifestaciones, incluso de mujeres y de estudiantes.
De lo contrario se transformarían en cómplices de los crímenes que se escuden en una misión autoasignada de imponer el orden, de defender el modelo que sigue causando muerte y miseria al país, a costa de sangre y muerte, miseria, cesantía y pensiones miserables, y pretende además frustrar su derecho a una Constitución digna para su desarrollo democrático futuro.
Cada quien debe asumir su responsabilidad y nadie se podrá ocultar bajo alegatos de que no me di cuenta, de que yo no quería, no lo vi venir y lavarse las manos como Poncio Pilatos.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 4 de agosto 2020
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