Por Marcel Garcés Muñoz
En un franco afán descarado de presionar a la Justicia, manipular a la Opinión Pública, e imponer una verdad falsificada de los hechos, La Moneda se ha lanzado en una ofensiva total, en respaldo al accionar represivo de carabineros en su “guerra interna” contra la población civil.
El propio presidente de la República, Sebastián Piñera, ha llegado a proclamar su “respaldo y apoyo” a Carabineros de Chile”, que, en una frase que deberá responder ante la historia, serían “la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia”.
El Mandatario, apuntó además, en una frase que quiso ser emotiva, pero resultó una arenga, conforme al cuartelero lexico habitual de la propaganda de la policía uniformada, que “Carabineros de Chile tiene 60 mil hombres y mujeres que todos los días se levantan, cumpliendo un compromiso, una vocación, y ese compromiso y vocación es proteger el orden público, la seguridad de los ciudadanos, proteger nuestra integridad física y nuestras vidas. Y muchas veces arriesgando sus propias vidas, como los miles de mártires que tiene Carabineros”.
Estas podrían parecer frases enternecedoras, que en la actualidad de las cosas, que están en la discusión pública, no pueden sino buscar la impunidad para los hechos criminales, que los chilenos repudian y condenan y por los cuales exigen la refundación de la institución, que por lo visto se resisten a asumir como una necesidad histórica y como una condición para establecer una relación civilizada, respetuosa, propia de la democracia, entre civiles y policías.
Pero el centro de la argumentación presidencial es la defensa de una doctrina brutal y falsa que deja en manos de la represión armada- por ahora en Carabineros, el orden público, la defensa del modelo neoliberal, del modelo antiidemocrático, pero no se oculta en la derecha gobernante, la tentación de sacar las fuerzas Armadas a las operaciones represivas- y “defender” con las instituciones de la Defensa Nacional y con el pretexto miserable de la “Guerra interna”, sus intereses y ganancias de un modelo económico y corrupto.
Eso ya lo conocimos bajo la dictadura militar derechista de Pinochet. Y lo cierto es que hay quienes en los círculos de gobierno y de la Derecha económica, que postulan ese camino y que añoran los tiempos del genocidio, del uso de la represión, la tortura, el exilio, los campos de concentración, para “contener” la protesta y la defensa de la democracia.
No es casual entonces que, entre otras cosas, que al Alto Mando de Carabineros, en un gesto de deliberación inaceptable, se atreva a presionar descaradamente al Gobierno, y al propio Presidente, incluso a una ministra de Estado- y pretendan impedir o censurar su derecho, a expresar su opinión sobre la profundidad de los cambios que debe ejecutarse en la doctrina, la práctica, el curriculum, en el rol que debe cumplir en la institucionalidad democrática del país, en su despliegue territorial y equipamiento.
Tras la muerte a las 15.30 horas del 5 de febrero, y en plena calle de Panguipulli, del malabarista Francisco Martínez, baleado por el suboficial de Carabineros, Juan Guillermo González Iturriaga, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar expresó en declaraciones a radio ADN del miércoles 10 de febrero, “soy una convencida, y el Presidente lo sabe, de que sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros”.
De acuerdo a una nota de “El Mercurio”, del 12 de febrero, “los comentarios no cayeron bien entre las máximas autoridades de la policía uniformada”, y “ese mismo día comenzaron a “manifestar su sorpresa”,-(hay que estar atento al tono y el matiz de la filtración hacia un medio de comunicación que históricamente ha servido de caja de resonancia de expresiones sediciosas y golpistas, como en 1973) no tanto por lo expresado por Carla Rubilar, sino por el hecho de que su opinión fuera “conocida” por el presidente, que según se puede inferir de la expresión del malestar de la cúpula policial, no prohibió a la ministra expresar su opinión en público.
El misil estaba dirigido entonces, no tanto, a la ministra, cuya relación cercana con el presidente es conocida, sino que se puede advertir el tono de amenaza apuntada en realidad contra el propio Mandatario.
La deliberación estaba en marcha y del “ruido de sables” mediático- por ahora- fue evidente, tanto que el general Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, como apunta “El Mercurio”, “pese a estar en vacaciones, se comunicó con Interior”, para manifestar la “incomodidad”, la “desazón”, institucional, de los 60 mil efectivos, que controlan el país, de norte a sur, con un fuerte arsenal de armas, y con una “vocación” de poder y determinación de imponer su voluntad al Gobierno, al Presidente y vulnerar la institucionalidad democrática, además de ejercer su pretensjon de “censurar” a una ministra de Estado..
“El Mercurio” relata esos momentos el apuntar que conocida las declaraciones de Carla Rubilar, y la interpretación sesgada y manipulada que hicieron los Altos Mandos de Carabineros, estos “se reunieron” y “comenzaron a intercambiar impresiones en sus redes de WhatsApp”, en las que participó el general Director, Ricardo Yáñez.
La pregunta es, ¿dónde empiezan los intercambios de “impresiones”, la “incomodidad”, la desazón, el “malestar” y donde la insubordinación, la sedición, el “pronunciamiento”, el motín, y el Golpe?.
Los estudios de sociología del golpismo castrense, y de acción política de las instituciones militares y policiales, de sus pretensiones de autonomía y de rol “tutelar”, son ilustradores de lo que se esconde en estos arrestos cuarteleros, claro que vinculados a los sectores más ultraderechistas y filo fascistas del mundo político y empresarial, nacional como extranjero.
Lo que claro es que “explicaciones” condescendientes al estilo del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre las diferencias semánticas entre refundación y reforma, asunto que indicó con apresuramiento obsecuente, “hay que manejarlo de manera adecuada”, no ayudan en defender la imagen del Presidente, y mucho menos, su autoridad.
A cualquier observador, un analista objetivo, no escapa el carácter violatorio de la institucionalidad de un acto de esta naturaleza, y de los riesgos que entraña para la democracia dejar sin denuncia y sobre todo sin un enjuiciamiento y una condena semejante desafío.
No es casual, entonces, que tras la muerte a manos policiales del artista callejero, Francisco Martinez, se hayan sucedido una serie de otros episodios criminales, en los que la acción policial haya tenido la impronta de violencia desmedida, de irrespeto a los Derechos Humanos, a la vida, de uso irreflexivo, indebido, y excesivo de la fuerza frente a civiles desarmados.
48 horas más tarde, en la 51 comisaría de la Comisaría de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda aparece “suicidado“ en una celda el joven Camilo Miyaki Salinas, detenido por no portar su mascarilla por el CVID 19, durante el toque de queda, junto a su compañera (dejada en libertad).
El martes 9 de febrero, se encuentra fallecido el joven de nacionalidad boliviana, Jaime Veizága Sánchez, de 22 años, cuyo cuerpo moribundo fue dejado en un sitio vecino al Instituto de Medicina Legal, en Calama, por dos policías identificados por testigos como el cabo segundo Andrés Navarro Pulgar y el carabinero LLtons Zambrana Marín, a los que se acusa de haber golpeado hasta dejar agónico a Veizaga.
¿Se trata de “señales”, de “mensajes”, sobre la impunidad de tales hechos con la que creen contar los uniformados?”.
Organizaciones de Derechos Humanos vinculan a este actuar de carabineros, al alevoso asesinato a manos de la policía uniformada del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2020, la detención “arbitraria e ineficaz”, de Guacolda, hija de Camilo Catrillanca, de 6 años, el 7 de enero, junto a su madre y abuela, en Ercilla, asegún la oficial Defensoría de la Niñez, por parte de efectivos de la PDI, y el burdo montaje de la llamada Operación “Huracán”, para justificar operaciones contrainsurgentes en la Región de la Araucanía (Wallmapu Ancestral de la nación mapuche) y reprimir la lucha mapuche por su autonomía y la recuperación de tierras usurpadas, en una versión siglo 21, comandada por el actual gobierno, de una nueva “pacificación de la Araucanía”.
¿Se trata de nuevos errores?, ¿De nuevos excesos en la aplicación de los “protocolos”?.
O en realidad se trata de la aplicación alevosa de los verdaderos protocolos de la “Guerra Interna”, instalados por la dictadura de Augusto Pinochet, y reinstalados por la “guerra antisubversiva”, declarada en el paìs, tras el 18 de octubre de 2019.
La lista es decidora y tal vez no sea ingenuo suponer que es parte de una estrategia delineada en La Moneda al servicio, subordinados o coordinados por una combinación perversa de intereses políticos y económicos de la Derecha chilena, y de variados poderes fácticos, cuya línea estratégica es imponer la violencia represiva en el país, desmantelar la institucionalidad democrática y frustrar las demandas democráticas y ciudadanas de un nuevo Chile, de una nueva Constitución, y una nueva convivencia entre los chilenos.
La ciudadanía, el pueblo, los sectores progresistas y democráticos tienen un deber ineludible, irrenunciable.
Estamos frente a batallas decisivas- como la reforma constitucional en marcha- y las elecciones municipales, parlamentarias, de gobernadores y de Presidente que están en la agenda política del presente, y la elección de la Convención Constitucional, y su misión de redactar una nueva Carta Magna, un nuevo Pacto Social, demandado por la mayoría ciudadana.
Y la pregunta final, es ¿se puede suponer que esta institución de Carabineros, en su formato doctrina y práctica actual es “la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia”?, como proclaman desde La Moneda, la Derecha política y económica.
Esto es mucho más que una ingenuidad, es una farsa, una caricatura, una mentira, una falsedad política que encubre objetivos, y sobre todo, resultados siniestros.
Lo que es claro históricamente, es que la democracia es una construcción de los ciudadanos, de la voluntad colectiva de un pueblo, en ningún caso de un Mesías, un demagogo histriónico, o un iluminado de última hora.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 17 de febrero 2021
Crónica Digital
