La diputada del PPD, Andrea Parra, expresó su gran “decepción” por una indicación sustitutiva que el Gobierno ingresó esta tarde en la Comisión de Gobierno Interior, al proyecto de ley, que habilita el voto anticipado, debido a que limita su aplicación a mayores de 70 años, mujeres embarazadas, personas que sufran alguna discapacidad e integrantes de las Fuerzas Armadas.
De esa forma, excluye a quienes estén en cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus, a los privados de libertad, a trabajadoras y trabajadores en faenas, personas con movilidad reducida y sus cuidadoras, entre otros, tal como señalaba la moción presentada por la diputada Parra.
“Hoy el gobierno ha vuelto a decepcionarnos. Durante dos semanas esperamos la indicación sustitutiva para nuestro proyecto de voto anticipado, y finalmente llega hoy a última hora, y en su peor versión, pobre, débil, y además excluyente”, afirmó la parlamentaria.
La legisladora agregó que “la verdad es que la propuesta del Gobierno limita el voto anticipado a grupos súper específicos, dejando afuera, entre otros, a cerca de 600 mil trabajadores con jornadas excepcionales como los trabajadores de la minería”.
“Todo indica que la calculadora electoral pudo más que los argumentos y la lógica. Yo creo que la única explicación es que el Gobierno sabe que vienen elecciones muy competitivas, y le tiene miedo a la participación”, aseguró Andrea Parra.
Por su parte, Margarita Maira, Encargada de incidencia de Ahora Nos Toca Participar, señaló que “un proceso de voto constituyente donde no se garantice el voto para personas privadas de libertad, personas contagiadas con Covid 19, trabajadoras y trabajadores en faenas, personas con movilidad reducida y sus cuidadoras, y otras formas de voto inclusivo significa debilitar el carácter ciudadano del proceso, y perdemos la oportunidad de escuchar a los sectores sociales con mayor vulneración de derechos, que por lo demás son los que más han demandado ser parte de este proceso”.
Asimismo, Natalia Subercaseaux, vocera de Red de Cabildos Penitenciarios, manifestó que “rechazamos profundamente que la indicación presentada por el Ejecutivo no incluya a las personas privadas de libertad, siendo éste un tema que se ha levantado hace más de 10 años, habiendo actualmente una demanda en contra del Estado de Chile en la Corte Interamericana de DD.HH, por la vulneración que implica el negar de ejercer su voto a las aproximadamente 14 mil personas privadas de libertad que hoy tienen derecho a voto, pero que no pueden materializarlo por consideraciones fácticas”.
Santiago de Chile, 20 de enero 2021
Crónica Digital
