Por Marcel Garcés Muñoz.
No se puede dejar de concordar con la diputada, Natalia Castillo, ex militante de Revolución Democrática (Frente Amplio), de que lo mejor de la última cuenta pública -1 de junio- del presidente Señor Sebastián Piñera Echeñique, la postrera de su gestión en La Moneda, es que es, precisamente “la última”.
Y no se trata de una mera frase aguda, punzante, sino de la percepción ciudadana frente a una retórica conocida, rimbobante, falta de contenido real, de lectura de un país irreal, de fantasía, y para qué hablar de autocrítica, de sentido de la responsabilidad política, frente a un ámbito fracasado de salubridad, de sensibilidad político social, en que el país y los ciudadanos viven, fruto de una gestión ineficaz, y sin proyección humana.
Lo cierto es que el mensaje presidencial de este martes 1 de junio, pasará a la historia como “el mensaje de la despedida”, un ejercicio patético, en busca de generar una acogida de la historia a una gestión mediocre, que no alcanza para entrar en la calificación de administración presidencial, sino que será recordada, quizás, como un espacio histórico, en el sentido de tiempo transcurrido, donde el país, vivió un tiempo de conflicto, contradicciones, desastres económicos, crisis política y social, que no tuvieron en La Moneda, una conducción, la búsqueda de un camino de salida, ni un horizonte coherente.
El Mensaje presidencial, a pesar del esfuerzo de quienes redactaron su texto, no pudo ofrecer un análisis real, certero de los orígenes, características, protagonistas y perspectivas del nudo de las contradicciones sociales, políticas, económicas, culturales, que caracterizaron la crisis y que motivaron las agudas confrontaciones fundamentales de su escenario político y social.
Piñera se limitó, para eludir su responsabilidad personal y de clase de la confrontación social, política y social indesmentible, en reiterar los ataques a la oposición, en acusar a sus liderazgos, de generar un ambiente de tensión político y social, y como Pinochet lo hizo para despotricar contra ” los señores políticos”, para encubrir su genocidio, haciendo Piñera como si viniera descendiendo del planeta Marte, y no fuera responsable del desastre, en lugar de haber logrado de vestirse con el hábito de profeta y el salvador del modelo político y económico del modelo neoliberal, frente a la protesta y repulsa de una ciudadanía empoderada y dispuesta a asumir, a través de la movilización popular el legítimo rol protagónico que les corresponde.
El presidente insistió en las conocidas tesis conspirativas de culpar a indefinidas fuerzas terroristas, subversivas, violentistas, de ser los responsables de la crisis social, económica y política en que su política, su modelo neoliberal, su subordinación frente a los intereses de las elites oligárquicas, de los grupos económicos y los intereses foráneos en que sumió al país, fueran las causas basales de la crisis.
Al mismo tiempo y para justificar la intensificación estratégica y táctica de las tesis de la guerra interna, y la doctrina del “enemigo interno” y de desarrollar e intensificar el terrorismo de Estado, la violación de los Derechos Humanos, optó la agresividad contra la oposición, la calumnia y la caricatura, cuando ya no le bastó, ni fue creíble la torpe y manida tesis mediática de la “conspiración externa”, para justificar su violencia y la incoherencia de su discurso y la torpeza de su “diplomacia”.
Todo ello para justificar sus proyectos de fortalecer los instrumentos de la guerra sucia interna con los que busca perpetuar su memoria en una institucionalidad que se oponga al proceso de democratización de la sociedad, de la institucionalidad democrática que se proyecta a través del ejercicio participativo del proceso de la reconstrucción de la democracia, por medio del ejercicio fundacional, participativo, de la redacción y aprobación nacional de una nueva Constitución, demandada e impuesta por la voluntad y la lucha popular.
El presidente Piñera pretendió tergiversar, una vez más. al proceso histórico, construido en las barricadas populares, en la lucha de las calles, de la voluntad de las organizaciones populares en marcha, en octubre de 2019, y que tuvo su expresión política formal, indesmentible, el 25 de octubre de 2020, en el plebiscito del “apruebo” a una nueva constitución, ( 72, 8 por ciento) y el Rechazo. ( 21.72por ciento), y que fue reafirmado con los resultados de la elección de la Convención Constitucional, del 15 y 16 de mayo recién pasado, que confirmó la derrota de la derecha y del gobierno, y de sus pretensiones de utilizar el quórum pinochetista de los dos tercios para frustrar el objetivo del cambio constitucional.
El escenario nacional dio un vuelco político y social por obra de la voluntad ciudadana, imponiendo el rumbo al cambio democrático, derrotando abrumadoramente la pretensión de la derecha política y económica, de mantener la institucionalidad impuesto a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet.
Ello fue consecuencia de la voluntad de lucha de la ciudadanía, y no como pretende mentirosamente el gobierno y la Derecha, por la buena voluntad o decisión de Piñera, su coalición y sus mandantes o los poderes fácticos en su conjunto.
Claramente el proceso en marcha no se inició el 15 de noviembre de 2019, con la firma entre gallos y medianoche. del llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, con que el gobierno, su bloque oficialista y algunos otras fuerzas políticas, partidos políticos, buscaron descomprimir al llamado “estallido social” del 18 de octubre de 2019, que condujo al llamado proceso constituyente, que hoy se materializa en la Convención Constitucional
Pero hay otra amenaza desembozada en el Mensaje del presidente Sebastián Piñera, y es contra el proceso democrático de elaboración de la Nueva Constitución.
El presidente tiene una forma muy particular, en realidad amenazante, de entender este proceso de participación democrática único en la historia del país, para acordar la ley fundamental de la institucionalidad.
Pero hay algo más siniestro detrás de la retórica del mensaje del presidente y sus pedidos de perdón por no haber entregado a tiempo la ayuda económica a los afectados por la pandemia de4l Covid-19 o sus ofertones de bonos e incluso el bullado anuncio de un pedido de urgencia legislativa, en realidad de apropiación del proyecto de ley sobre “matrimonio igualitario”, presentado en su momento por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
El presidente anunció toda una batería de proyectos para imponer leyes represivas dirigidas para criminalizar las demandas y protestas ciudadanas, populares, estigmatizar a las organizaciones sindicales o de defensa de los derechos de las minorías sexuales, poblacionales o juveniles, y descalificar a las organizaciones políticas, culturales, ecológicas, de defensa de los derechos humanos, que se opongan al modelo neoliberal o neofacista.
Por otro lado, cuando el presidente se refirió al conflicto en la Araucanía, buscó no solo criminalizar las demandas de recuperación de sus tierras ancestrales, de respeto a su cultura y creencias religiosas, de restablecimiento de la realidad histórica y las secuelas de la usurpación y del genocidio étnico sino que insistió en vincular su legítima lucha con el narcotráfico, el robo de madera, la violencia delictual.
El mandatario anunció como acciones de lo que definió como Plan Impulso Araucanía la prioridad que prometió a la la Red 5C lo que dijo, hara posible “el pleno despliegue de la sociedad digital, el internet de las Cosas, los hogares lugares de trabajo y “ciudades inteligentes”, de la Fibra Optica en 24 comunas, la ampliación del tren Victoria- Temuco- Padre Las Casas, la incorporación de buses eléctricos al transporte público local, y un Plan Especial de Infraestructura, agua potable y caminos para la región, siguiendo el modelo de “acción cívica”, como parte integrante de la estrategia de guerra contrainsurgente, siguiendo el esquema impuesto por el Pentagono a sus socios de Caolombia o de otros regímenes represivos de la región, en el caso de Chile, como como elemento de la ocupación militar de las tierras mapuches, y de intervención represiva de sus comunidades.
La ocupación por el Comando Jungla, de Carabineros, preparado en Colombia, con la asesoría antisubversiva de los especialistas norteamericanos, del edificio del Liceo Técnico Profesional de Pailahueque, centro educacional para jóvenes mapuches, que inicio sus labores en el 2001, y donde estudiaron los héroes mapuche, Alex Lemun y Camilo Catrillanca, forma parte del plan de militarización del conflicto del Estado chileno contra el pueblo mapuche y es ocupado hoy por la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros y efectivos del GOPE con su correspondiente dotación de carros blindados, tanquetas, y cuenta con helipuerto, y dispone de un arsenal de armas de guerra, un centro de trasmisión y de mando, un centro de inteligencia, una verdadera flotilla de drones.
La pregunta que cabe es ¿quién pone entonces, la violencia, en el Wallmapu, el territorio ancestral mapuche, ocupado por colonizadores, fuerzas militares desde la llamada “pacificación” de la Araucanía, tras la Guerra del Pacifico?.
Obviamente no habló de la cultura, la devolución de sus tierras ancestrales, de apoyo a la economía de las comunidades, de respeto a sus demandas, del fin a la militarización de la Araucanía, de la ocupación militar y militar de sus tierras, de la persecusión, represión y asesinatos de hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños de la etnia.
Es sintomático entonces que la discusión política, la virtual rebelión de los sectores conservadores del gobierno , de ministros y parlamentarios, y la crítica mediática se haya concentrado en el anuncio del “matrimonio igualitario”.
No parece casual que se haya eludido poner la atención en la amenaza a la democracia que se expresa en gran parte de sus palabras, conforme a una demanda estratégica de la derecha política y económica, y que el gobierno Piñera presurosamente pretende dejar “amarrada” en la institucionalidad: la militarización de la vida política y dejar asentada en la legislación nacional como piedra angular la ·”guerra interna”, la contrainsurgencia, la preponderancia de un orden militar por sobre la democracia en territorios como el de las comunidades indígenas, o en actividades económicas, sociales, y políticas, como las así definidas como “infraestructuras criticas” o posiciones estratégicas, de las grandes intereses económicos nacionales.
El Mercurio argumenta en su editorial del miércoles 2 de junio, 2021 sobre la ultima cuenta del presidente Piñera”, marcando la agenda política, que “finalmente, sintomático de un gobierno que no ha podido llevar a cabo su programa puede estimarse el hecho de que el punto más comentado del discurso haya sido la decisión de poner urgencia al proyecto de la Administración Bachelet sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, anuncio que sorprendió a su coalición, respecto de un tema que- independientemente de la legitimidad del debate- causa profunda división en las filas de Chile Vamos, precisamente cuando la alianza oficialista vive uno de sus momentos más complejos, ad portas de procesos electorales decisivos para el futuro del país”.
Con ello, además de manifestar su molestia, el periódico empresarial, fija una especie de agenda para la coalición oficialista, y define una estrategia de distanciamiento del mandatario de sus mandantes y hasta ahora su base política.
Pero hay otra amenaza desembozada en el Mensaje del presidente Sebastián Piñera, y es contra el proceso democrático de elaboración de la Nueva Constitución.
El presidente tiene una forma muy particular, en realidad amenazante, de entender este proceso de participación democrática único en la historia del país, para acordar la nueva ley fundamental de la institucionalidad exigida por la ciudadanía.
Desde luego pretende el mismo, a pesar de la derrota electoral sufrida el 15 y 16, de asumir un carácter de “constituyente”, y de “árbitro” o “mandante” de la voluntad y decisiones del cuerpo constituyente elegido por la ciudadanía, violentando su soberanía y facultades democráticas.
Piñera enfatizó, o derechamente “amenazó” a los Constituyentes que, según consigna destacadamente “El Mercurio”: una Constitución nunca debe partir de cero, sino que debe recoger los aportes de generaciones pasadas. “Debe recoger las tradiciones republicanas de la nación y los valores y principios de la ciudadanía”, apuntó y enfatizó que debe “respetar rigurosamente los límites y reglas de su mandato”.
El “constituyente 156”, en el que pretende constituirse de facto, afirma que la Convención Constituyente, “aunque es autónoma e independiente, lo que se debe respetar”, a reglón seguido afirma que “también es una “invitación para que todos pensemos en el Chile que queremos”, dando una lista, una especie de “cajón de sastre”, que nadie le ha pedido desde la entidad, de lo que a él le gustaría que estuviera presente en la nueva Carta Magna.
Como ciudadano, indicó, mesclando demandas democráticas de las cuales no parece haberse enterado en el ejercicio del mando presidencial, con un claro contrabando ideológico y político derechista, “pienso que en nuestro país deben estar garantizados derechos fundamentales como el de la vida, incluyendo la vida del que está por nacer, el de una salud y educación de calidad, al derecho a un barrio y vivienda digna, el derecho al trabajo, la previsión social, y a la propiedad y el derecho esencial de acceder al agua”.
Y siguiendo con la agenda que busca imponer descaradamente como temática de la Convención Constituyente, el Presidente Piñera apunta que deben estar garantizados, “derechos esenciales”, como los de opinión y expresión, de culto y religión, de asociación, de innovar y emprender, de elegir la salud, y el derecho preferente de los padres de elegir la educación de los hijos. También que se deben proteger igualdades esenciales como la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad en dignidad, derechos y deberes de todos los ciudadanos.
A lo que agregó el mandatario, que ”el Chile que queremos debe velar no solo por las equidades verticales, que se miden por el ingreso, sino que también por las igualdades horizontales, que se miden por las desigualdades de trato y de dignidad.
“Además debemos resguardar principios esenciales como el respeto a los derechos humanos de todos y también valores como la paz social, la condena a la violencia, la inclusión, la solidaridad y la protección de la naturaleza”, estableció con una falta no solo de tacto político, sino que de falta de respeto a la potestad constituyente de los elegidos por la voluntad ciudadana mayoritaria para la tarea histórica e irrenunciable de redactar, aprobar una Nueva Constitución para Chile.
Pero lo que en realidad debe preocupar a las fuerzas democráticas del país, es la estructuración como último acto de un gobierno no solo en decadencia, sino que en fase de extinción, de un aparataje represivo, ideado para sabotear la democracia, mantener el tutelaje policíaco-militar represivo sobre la ciudadanía, restablecer con un ropaje seudo democrático, el concepto de la “democracia protegida”, instalado en el país por la derecha política y económica, por medio de la dictadura genocida de Pinochet, y sus cómplices civiles y empresariales.
Los sectores demócratas y progresistas deben estar alertas. Tal como lo hizo Pinochet días antes de su usurpación del poder en La Moneda, la Derecha política y econo0mica, a través de Piñera, buscan ahora, apresuradamente dejar “amarrado” una seria de trampas, de cerrojos autoritarios que les permitan no solo boicotear sino que incluso pretender frustrar y desconocer los avances democráticos que la Convención Constitucional alcance en su trabajo para elaborar una nueva Constitución para Chile.
Para el presidente Piñera y su gente, los objetivos de los próximos meses que le restan en La Moneda, tiene que ver con la Seguridad Interna y el Orden Social, que él entiende como un conjunto de reglas, decretos o leyes, que propondrá para combatir, dijo, la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, la insurgencia.
Piñera demandó al Congreso, acelerar la la denominada agenda anti delincuencia, el combate al narcotráfico, la ley antiterrorista, la de control de armas, la participación militar en el resguardo de la “infraestructura crítica”, la creación de un Ministerio de Seguridad, destinado a “garantizar” el Orden Público, la prevención del delito, el combate a la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la protección de las fronteras, el diseño de una Central de Inteligencia y Represión, una ley antiterrorista, una agencia de ciberseguridad, es decir, la generación de un clima de “guerra interna”, la ocupación represiva del territorio, la militarización de la sociedad , lo que es el fin de la institucionalidad democrática, y la imposición del “gatillo fácil”.
En definitiva un tejido de agencias estatales, que en conjunto con los servicios de inteligencia militares, coordine, oriente y encabece un aparato de control político de la población.
Este es un grave riesgo intervencionista de las fuerzas del rechazo, de los enemigos de la democracia, que es necesario, urgente, enfrentar y rechazar. Sin duda esta debe ser una discusión inicial en el trabajo de la Convención, y sustraerla a una manipulación, sabotaje y chantaje de quienes no han dejado de conspirar y frustrar el camino no solo a una nueva Constitución, sino a la soberanía de los ciudadanos, de “nosotros, el pueblo”.
Hay muchas tareas por delante, y los constituyentes, los partidos políticos, las organizaciones populares, los ciudadanos, el pueblo, los constituyentes, deben estar alertas.
Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 5 de junio 2021
Crónica Digital
