El conjunto Quilapayún dice hasta pronto a su histórico vocalista Carlos Quezada

Con presentaciones en varias ciudades, Quilapayún despide hoy a su vocalista Carlos Quezada, quien decidió retirarse de los escenarios luego de casi seis décadas de labor en esa agrupación del movimiento de la Nueva Canción Chilena.

“Carlos Quezada es innegablemente uno de los pilares en la historia de Quilapayún, una de las voces más expresivas, que ha marcado con su impronta el estilo del grupo a través de la época”, declaró su fundador y director artístico, Eduardo Carrasco.

Recordó que desde que le hicieron el examen de admisión con Víctor Jara para ver si el joven de Puente Alto respondía a las expectativas del grupo, ya pasaron 57 años.

“Eso es una vida entera, en realidad varias vidas, no solo cumplió con nuestras expectativas, sino que se transformó en una parte esencial de nuestra historia”, dijo.

Añadió que decenas de discos, cientos de canciones y miles de conciertos tienen encarnados en su más alto grado la entrega y la disposición de Carlos de mantener esa humildad de ser un artista de su pueblo, con todos los sacrificios que eso ha significado en su vida.

“Por eso no podemos decirle adiós. Le decimos chao Carlos, nos vemos en París”, expresó.

La historia de Quilapayún ha estado marcada por el exilio. Durante el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular en 1973 la banda abanderada de la canción protesta estaba de gira en Europa y debió exiliarse en Francia, donde permaneció varios años sin poder regresar a su patria.

Cientos de personas acudieron al concierto ofrecido este fin de semana en el Teatro Oriente de la capital, el cual se extendió por más de dos horas con canciones que dejaron una huella en el quehacer artístico de la agrupación y otras que hoy día se están abriendo paso.

El grupo interpretó piezas de su autoría y de otros compositores, entre ellas la Cantata Santa María de Iquique; La Muralla, basada en un poema del cubano Nicolás Guillén; y Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara.

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Dom Abr 2 , 2023
La carrera legislativa para aprobar numerosos proyectos de ley de seguridad centró la atención en Chile esta semana, sobre todo tras la polémica suscitada por la iniciativa que amplía facultades a la policía para disparar.   El proceso se aceleró por la muerte de una suboficial de Carabineros durante un operativo en Quilpué, Valparaíso, segunda baja policial en pocos días tras el deceso de un agente atropellado en la ciudad de Concepción, capital de la Región de Bío Bío. Ante la situación y presiones de algunos sectores políticos, los diputados decidieron modificar la agenda semanal y dedicarla por completo a discutir y votar por una quincena de iniciativas estancadas desde hacía tiempo en ese recinto. De esta manera aprobaron modificar el Código Penal para incrementar las penas por los delitos de secuestro y portación ilegal de armas de fuego en lugares públicos; crear nuevas normas contra el sicariato; modernizar la gendarmería y el control del flujo migratorio irregular. El debate se produjo cuando los partidos de derecha impulsaron la Ley Naín-Retamal, una fusión de dos proyectos separados que endurecen el castigo por atacar a la policía y, además, amplían la potestad de los agentes para usar sus armas de fuego. La norma crea el polémico concepto de “legítima defensa privilegiada” por medio del cual un carabinero o investigador queda exento de responsabilidad si dispara a otra persona, al considerar que su vida o integridad física están en riesgo. El texto fue aprobado por mayoría de votos y cursado al Senado, pero éste decidió postergar su análisis para contar con mayores elementos de juicio. Juristas, expertos y víctimas de brutalidad policial durante el estallido social de octubre de 2019 criticaron el proyecto, al cual calificaron de “ley de gatillo fácil” que otorga impunidad a las fuerzas del orden y pone en riesgo a la población civil. Una de las primeras en alzar la voz fue la senadora Fabiola Campillai, quien durante el estallido fue atacada por un capitán de carabineros que le disparó a la cara una granada de gas lacrimógeno, lo cual le hizo perder la vista, el olfato y el sentido del gusto. Antes de aprobar esa legislación, indicó, debemos escuchar a los expertos y también a las víctimas de agresiones policiales. El viernes la discusión subió de tono cuando la ONU, a través del jefe de Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jaram, sostuvo que la Ley Naín-Retamal y el concepto de legítima defensa privilegiada plantean disposiciones opuestas al derecho internacional. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile planteó que “el mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos”. Santiago de Chile, 2 de abril 2023 Crónica Digital/PL

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