El director de la Sociedad Aula, José Manuel Flores subrayó que su envergadura amerita una preocupación especial de la autoridad, considerando que se trata de una Casa de Estudios Superiores de carácter público y que, por tanto, enfrentamos una situación en la que el interés público se encuentra comprometido.
Flores, realizó sus declraciones en las puertas del Ministerio, en la víspera, donde explicó que el 25 de febrero del 2004, se estableció un Convenio entre la UTEM y la Sociedad Aula, que fue ampliado el 18 de octubre siguiente y el 1 de abril de 2005. A través de ese instrumento, se transfirió a Aula la administración del Programa Regular de Formación de Profesores de Educación General Básica en las sedes de Ovalle, San Antonio y San Fernando.
En el contexto de la ejecución de este Convenio se registraron irregularidades que involucran un monto superior a los 260 millones de pesos, es decir, a una cifra superior al medio millón de dólares. Estas anomalías se registraron entre octubre de 2004 y diciembre de 2005, señalaba la carta que fue entregada en la Oficina de Partes del Ministerio.
Estas irregularidades se produjeron en circunstancias que el convenio, que nos liga por cinco años renovables, se encuentra en plena vigencia, precisó.
La principal irregularidad, conforme a lo denunciado, ocurrió el 27 de septiembre del año pasado, cuando el director del Programa Educacional en Tecnología de UTEM, Sergio Gallardo Espinoza, por Memorándum Nº 588 ordenó que los depósitos de pago de las matrículas y aranceles de los estudiantes del Programa fueran centralizados en la cuenta corriente de EDUTEM, una sociedad privada que controla la misma Universidad y cuyo presidente es el mismo rector Avendaño.
Por tanto, la Universidad, a través de EDUTEM, percibió de una forma indebida la totalidad de este monto como ingreso, y transfirió la totalidad de los pasivos (derivados de la administración) a la Sociedad Aula, explicó Flores. De esta forma, Aula quedó privada de los ingresos económicos necesarios para resolver compromisos derivados de la administración del Programa, incluyendo aspectos como la cancelación de honorarios a los profesores.
Lo más grave, indicó Flores, es la existencia de indicios que permitirían presumir que se trata de un modus operandi de la autoridad de la UTEM, en la cual la Casa de Estudios transfiere la gestión y la administración de determinados programas académicos a sociedades privadas, las que colapsan tras un período y terminan concentrando todos los pasivos.
Lo anterior, teniendo como telón de fondo un escenario caracterizado por reiteradas denuncias en contra de la autoridad de la Universidad, que señalan que la institución acumula una deuda que se calcula en 17 mil millones de pesos y que el rector reconoce en 7 mil millones.
Como resulta evidente, se trataría de una práctica absolutamente reñida con la recta conducta y buen proceder que debiera regir la totalidad de los actos de una Universidad Pública, manifestaba la carta entregada al Ministerio de Educación.
La gestión del rector Miguel Avendaño ha enfrentado diversos cuestionamientos de los estamentos a lo largo del último año, y la Casa de Estudios ha comenzado el nuevo ciclo académico sin lograr la acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP) y encabezando el ranking del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en lo que se refiere a reclamos presentados por los estudiantes.
Santiago de Chile, 3 de febrero 2006
Crónica Digital
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