Los escolares advirtieron en la víspera al gobierno que si antes del viernes no se logran progresos sustanciales llamarán a otro paro nacional para el próximo lunes y lo harán extensivo a otros sectores, como los universitarios y los trabajadores vinculados al sector.
La Moneda trató de restar dramatismo al virtual ultimátum, y prefirió destacar el hecho de que los estudiantes mantienen su disposición al diálogo, que fue retomado al final de la tarde de ayer luego de una extensa Asamblea estudiantil.
«No sé de donde salió la noticia que había un ultimátum, al contrario estamos trabajando en la mesa de diálogo, creo que es bueno que exista tranquilidad, y no se dé esta sensación de que hay una violencia generalizada», dijo el titular del Interior, Andrés Zaldívar.
El vocero Ricardo Lagos Weber señaló, sin embargo, que «el gobierno no opera en base a ultimátum, lo que hace es conversar, escuchar y tomar decisiones», puntualizó en un tono que buscaba restar trascendencia a la radicalización de los estudiantes.
Los jóvenes exigen una respuesta antes del viernes a sus demandas más inmediatas, como la gratuidad de las pruebas de ingreso a las universidades, de la tarjeta para la locomoción colectiva y del pasaje escolar.
En paralelo, exigieron para el mismo plazo la conformación de una mesa de trabajo para analizar temas de más largo aliento como la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y la municipalización de la educación.
Los planteamientos fueron comunicados tras una asamblea que duro más de tres horas en el Instituto Nacional, en tanto las autoridades del Ministerio de Educación esperaban en Recoleta la reanudación de la mesa de diálogo iniciada el martes en la Biblioteca Nacional.
María Jesús Sanhueza, uno de los «rostros» del movimiento, señaló que las autoridades deben entregar una respuesta antes del viernes a sus demandas coyunturales y la creación de una comisión respecto a los cambios estructurales del sistema educativo.
NUEVAS DESTITUCIONES EN CARABINEROS
Mientras tanto, el alto mando de la Policía de Carabinero dispuso nuevas destituciones de oficiales y clases que estuvieron vinculados a maltratos y abusos contra estudiantes y periodistas en la salvaje represión desatada el martes durante las protestas.
A la democión del jefe de las Fuerzas Especiales (élites), coronel Jorge Lara, se unió la salida de su subalterno, Gustavo Seitz, y la separación de otros ocho funcionarios en tanto continuaban a todo tren las investigaciones sumarias.
Las medidas disciplinarias fueron adoptadas luego que la presidenta Michelle Bachelet se declaró «indignada» por la brutalidad policial, que consideró «repudiables e injustificable» contra jóvenes estudiantes y periodistas que cumplían con su deber.
Sin embargo, el coronel Lara lamentó que él hubiera sido el único sancionado y no funcionara la cadena de mandos que rige la disciplina de esa institución, en una clara insinuación de que los uniformados no actuaron por cuenta propia.
PC DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Esta percepción fue más claramente expresada por el Partido Comunista (PC) que demandó del gobierno la depuración de responsabilidades políticas por el excesivo uso de la fuerza contra jóvenes y periodistas.
«Este accionar de carabineros, no sólo es responsabilidad de la institución, hay también responsabilidades políticas», dijo Guillermo Teillier, presidente del PC, tras apuntar al intendente de Santiago, Víctor Barrueto, y del ministro del Interior, Andrés Zaldivar.
Enfatizó que no se tiene certeza en cuanto a desde dónde surgen las órdenes que permiten el nivel de violencia, por parte de los uniformados, que se han observado en las últimas manifestaciones.
«No sabemos si es carabineros que actúa de mutuo propio, si es la autoridad civil o que la autoridad civil está siendo sobrepasada por carabineros, y eso sería todavía mucho más grave, a eso hay que ponerle término», insistió Teillier.
PS MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, aseveró que los métodos policiales y los procedimientos, deben tener un control civil, en fin, todo se hace en el seno de la institución sin ningún control civil, y eso tiene mucho que ver con lo que se produjo el martes.
Escalona señaló que acepta las críticas que ha recibido el gobierno, y las tomaría más bien como una necesidad de apurar urgentemente el que pueda haber un ministerio que responda del punto de vista de la autoridad civil, por lo que pase con la policía uniformada.
Sobre la responsabilidad del Ministerio del Interior, dijo que la actual dualidad entre orden público que depende del Ministerio del Interior, y la estructura institucional que depende del Ministerio de Defensa, lo único que ha significado es la autonomía de Carabineros para hacer lo que quiere, y esto es lo que tiene que terminar de una vez por todas.
Santiago de Chile, 1 de junio 2006
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