USTED PUEDE COMPRARSE SU SATÉLITE PERSONAL

Así, los clientes, según informa AFP, “podrán lanzar al espacio cualquier objeto”, siempre teniendo en cuenta que el satélite personal tendrá, curiosamente, las dimensiones de un cubo de basura.

Ichiro Koite, el dueño del negocio, ha dicho: “Hasta hoy, un satélite era algo inabordable para la gente normal”. De ahí se sobre entiende que, para Ichiro, “gente normal” es aquella que pueda tirarse los 690 000 euros que costará poner en órbita el cubo a más o menos 700 kilómetros de la superficie terrestre.

Entonces, la “gente normal” —la misma que ya arrasó los bosques, llenó el cielo de smog, contaminó los ríos y mares— tendrá ahora también a su disposición el espacio sideral, y nosotros, los a-normales, ya no veremos las estrellas pasar, sino toda la basura que esta gente pueda verter sobre nuestras noches.

Madrid, 11 de junio 2006
Rebelión , 0, 60, 10

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EL BANCO MUNDIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

Dom Jun 11 , 2006
El derecho individual de la propiedad privada, que en la práctica favorece a los grandes propietarios, ya sean personas adineradas o bien sociedades nacionales y transnacionales. En las condicionalidades impuestas por el Banco no se encuentra ninguna referencia a los derechos colectivos de los pueblos y de las personas. Si el Banco Mundial tiene que tomar en consideración los derechos humanos, nunca lo hace con el sentido progresista de los grandes textos de las Naciones Unidas. Las ideologías tienen su lectura particular del derecho. Jean-Philippe Peemans recuerda con razón: « De todas maneras, con la óptica occidental hoy predominante, los derechos humanos se conciben ante todo con relación a la libertad de acción individual, como la no interferencia en el mundo privado de los asuntos económicos, el derecho a disponer libremente de la propiedad, y sobre todo la abstención del Estado de todo acto que viole la libertad individual de invertir el tiempo, el capital y los recursos en la producción y el intercambio… Para los neoliberales, las reivindicaciones sociales y culturales pueden ser aspiraciones legítimas, pero jamás derechos… la visión neoliberal rechaza todo enfoque colectivo del derecho. El individuo es el único sujeto que puede reclamar derechos, y así mismo los únicos violadores del derecho no pueden ser más que individuos que deben asumir la plena responsabilidad. No se puede atribuir violaciones del derecho ni a las organizaciones ni a las estructuras » [1]. El Banco Mundial, así como el FMI, se basa en este postulado para liberarse de toda responsabilidad en cuanto al respeto de los derechos sociales económicos y culturales. Pero estos derechos son indisociables de los derechos sociales y políticos y es imposible respetar los individuales si los colectivos no se tienen en cuenta. En tanto que instituciones multilaterales, el Banco Mundial y el FMI están obligados a aplicar los tratados internacionales y los derechos individuales y colectivos que éstos aseguran. La exigencia de transparencia y de buena gobernanza vale para todo el mundo. Las IFI exigen su aplicación a los gobiernos de los países endeudados mientras ellas mismas se permiten ignorarlas. La exigencia de evaluar y dar cuenta de las actividades realizadas no debe limitarse a los Estados, sino que ha de extenderse también al sector privado y, en particular, a las organizaciones internacionales, puesto que sus acciones, sus políticas y sus programas tienen un impacto muy importante sobre la efectividad de los derechos humanos [2]. Los planes de ajuste estructural tienen unas consecuencias tan nefastas en términos de degradación de los derechos económicos, sociales y culturales (en especial sobre los más vulnerables), y también ambientales, que se debe exigir a estos organismos responsabilidad de sus actos. El ajuste estructural no respeta los derechos humanos A pesar de los textos internacionales que constituyen el marco jurídico de protección de los derechos humanos, el FMI y el Banco Mundial « funcionan según la lógica de las sociedades financieras privadas y del capitalismo mundial, sin demasiada consideración de los resultados sociales y políticos de sus actos» [3]. […]

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