Carlos Cerda, a cargo del proceso, señaló que en enero pasado la institución entregó información incorrecta sobre las cuentas que mantuvo el ex gobernante en el banco Credit Suisse, que había sido requeridas por el magistrado.
La incongruencia de los antecedentes quedó al descubierto en la inspección personal que hizo el juez en meses recientes a los documentos de la Contraloría de esa rama castrense.
En resoluciones dictadas la víspera, el juez dio cuenta que el 18 de enero de este año la jefatura del Ejército, respondiendo a una solicitud del tribunal, informó que las cuentas que la Comandancia en Jefe mantuvo en el Credit Suisse Bank habían sido cerradas en 1982.
Sin embargo, al revisar los archivos, Cerda retiró una carpeta de la Contraloría del Ejército, rotulada como «Acta de Entrega del Departamento de Finanzas de la Agregaduría Militar de Chile en España», que contenía balances y comprobación de saldos hasta enero de 1995.
«Allí aparecen mencionadas una o más cuentas del Credit Suisse (AMCH), a pesar de lo cual no se menciona sus números, titulares, ni movimientos», precisó el magistrado.
Ante esta situación, el juez ofició nuevamente a la comandancia en jefe del Ejército para que informe concretamente sobre la o las cuentas que esa institución mantuvo o mantiene en la referida institución financiera.
«Debe proporcionar la totalidad de los antecedentes -numeración, fechas de apertura, titulares, movimientos, fechas de cierre, etc.- y remitir documentación de respaldo que de fe de tales antecedentes, hasta 1998», agrega la resolución, revelada por medios locales.
Una de las instituciones utilizadas por Oscar Aitken, ex albacea de Pinochet, para ocultar su millonario patrimonio en el extranjero fue el banco Credit Suiss First Boston, en el cual fueron depositados cheques provenientes de la venta ilegal de armas a Ecuador, en 1995.
Por otra parte, el magistrado solicitó al Banco de Chile entregar todos los documentos de respaldo de los giros efectuados hasta 1998 contra una cuenta en moneda nacional, perteneciente a la comandancia en jefe del Ejército.
Cerda fundó esta petición en las atribuciones que le confiere a los tribunales la Ley General de Bancos, explicando además que en dicha cuenta se depositaban los fondos correspondientes a gastos reservados asignados a la máxima jefatura del Ejército.
«Uno de los objetivos de este sumario (es) la detección del origen y destino final de tales fondos, con miras a determinar si contribuyen a explicar los haberes descubiertos en el exterior, que dieron origen a la investigación», puntualizó el magistrado.
Santiago de Chile, 4 de julio 2006
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