Más de 30 debates aportaron valiosos conocimientos de testimonios y jornadas de análisis e intercambio de experiencias para el logro del propósito de erradicar la pena capital en el mundo.
Alcanzaron un nivel relevante las deliberaciones respecto de la situación en los países islámicos en cuanto a las penas previstas en el Corán, entre ellas la de muerte, destacándose la necesidad de que en el derecho musulmán la abolición de la pena capital constituya un desafío y sea estudiada por intelectuales y religiosos en un contexto actualizado, sin preconceptos, tal como se ha venido haciendo con la situación de la mujer en esas sociedades. Especial preocupación se manifestó con relación a los proyectos para reestablecer las ejecuciones en algunos países, entre ellos Perú, llamándose a sus autoridades a renunciar a tales iniciativas. Se analizaron estrategias para la abolición y el papel de los abogados en la materia.
Se instó a los países a decretar la abolición y a ratificar los tratados internacionales, en particular el «Segundo Protocolo de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos» de las Naciones Unidas, analizándose los casos de Senegal, Ucrania, Camboya y Chile en cuanto a las dificultades que han impedido su ratificación, haciéndose un llamado a todos los países a poner fin a las ejecuciones de inmediato y a adoptar en la Asamblea General una moratoria universal, por tratarse de una violación grave a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales.
Con relación a la situación de Chile, fue analizada y explicada en una mesa redonda muy concurrida, extrañando las razones de por qué se ha abolido sólo parcialmente la pena de muerte y por qué, siendo un país abolicionista de hecho desde 1990, no ha ratificado el Segundo Protocolo. Entre los latinoamericanos, muy escasos en el Congreso, destacó un nutrido número de asistentes de Puerto Rico, que plantearon las dificultades que se presentan a su país en calidad de Estado Asociado a EE UU respecto a la pena de muerte.
Fue también objeto de debates la situación en África del Norte y en el Medio Oriente, donde 22 países no han abolido la pena de muerte, estudiándose qué reformas se hacen necesarias para lograrla, desde los puntos de vista político, legislativo y judicial.
El Congreso manifestó su preocupación respecto a que los próximos Juegos Olímpicos en 2008 se efectuarán en la República Popular de China, máximo ejecutor de condenas a muerte, no existiendo dudas de que el número de condenas cumplidas es de unas 10.000 por año, pareciendo un enorme contrasentido que un signo tan potente de vida como es el deporte en su máxima expresión, se lleve a efecto donde no se la respeta. Se hizo un llamado a los abolicionistas para enfocar en esta perspectiva las actividades de cada 10 de octubre, «Dia Mundial en favor de la Abolición» y para que todas las ciudades del mundo tomen parte en la actividad «Ciudades por la Vida», cada 30 de noviembre, con miras a la «Exposición Universal», de Shanghai en 2010.
El Congreso terminó con una ceremonia solemne en la Opera de La Bastilla, seguida por un desfile desde la Plaza de la Bastilla a la Plaza de la República y desde allí hasta el Centro Pompidou, donde más de 15 cuadras repletas de abigarrados manifestantes terminamos por morir tendiéndonos en el suelo en protesta por las ejecuciones en el mundo, diciendo NO a la Pena de Muerte.
Por Leonardo Aravena Arredondo
Profesor de Derecho, Universidad Central
Coordinador Justicia Internacional y CPI, Amnistía Internacional-Chile. El autor es colaborador permanente de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 28 de Febrero 2007
Crónica Digital
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