Pavez, junto dirigentes nacionales Darío Vásquez y Roberto Villagra, quienes valoraron que la Presidenta Michelle Bachelet haya priorizado la agenda educativa, al inyectar US$ 650 millones de dólares para este sector. Sin embargo, consideran que esa inversión debe ir acompañada de transformaciones estructurales.
Además, esperan que los municipios destinen los recursos para los fines que les han sido asignados, entre ellos mejorar las condiciones en que se desempeñan los docentes y financiar el bono de incentivo a la jubilación acordado entre el gremio y el Mineduc.
«Los alcaldes han amenazado con no destinar estos recursos a las jubilaciones de los maestros. Al parecer no se han dado cuenta de que su rol es muy cuestionado. Ellos tienen deudas cuantiosas contraídas con la educación pública, las que crecen cada día. Esta realidad demuestra una falta de idoneidad muy evidente de los alcaldes para hacerse cargo de la educación. Inyectar recursos sin hacerse cargo de esta situación tememos que no logre el objetivo de consolidar una educación pública de calidad».
A juicio de Darío Vásquez, vicepresidente del gremio, «los alcaldes están haciendo algo muy grave, se están apropiando indebidamente de recursos que el Estado ha destinado para otros fines. Ellos quisieran seguir haciendo esto, pero me parece que es el momento de terminar definitivamente con esta práctica».
Los representantes del Magisterio consideran que mientras no cambie el sistema vía subvención por alumno, los sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados seguirán siendo los grandes beneficiados por el sistema.
Superintendencia
Respecto a la creación de la Superintendencia, Pavez indicó que «este es un logro del gremio. Durante las últimas negociaciones con el Ministerio de Educación hemos apostado para que este organismo se constituya y asuma el compromiso de velar por la calidad y equidad de la educación».
Roberto Villagra, director nacional del Magisterio, «agregó que no debe tratarse de una superintendencia de escasas atribuciones, como la de isapres. Nosotros creemos que para el éxito de este organismo debe haber atribuciones claras y capacidad de sanción a quienes hagan mal uso de los dineros del Estado».
Santiago de Chile, 25 de mayo 2007
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