Este año el Congreso tendrá en sus manos la designación del contralor general de Cuentas y el papel de la junta directiva será decisivo para elegir la comisión de postulación que seleccionará el próximo fiscal general, de ahí que las divisiones entre los partidos políticos marcan el rumbo de esta primera batalla. Al menos ocho legisladores buscan dirigir el Congreso y es de esperar que el partido en el poder, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), insista en colar un candidato a pesar del revés sufrido a finales de diciembre, cuando la propuesta de Francisco Tambriz, de la bancada Alianza Ciudadana, solo consiguió 65 votos.
A inicios de esta semana, fuentes confiables del Congreso apuntaban a la figura de Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional, como virtual presidente, al tener al menos el apoyo de 70 parlamentarios y, más aún, el aval del jefe de Estado Jimmy Morales, así como del bloque oficialista.
La candidatura de Conde, exsecretario general del gobierno de Jorge Serrano Elías, estaría respaldada por los bloques Reformador, Alianza Ciudadana, Todos e independientes, aliados a la bancada del FCN-Nación.
Pero el panorama todavía es confuso y el cabildeo continúa, pues la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, además de considerar a Conde como un candidato fuerte, también incluyó en ese rango a Ã’scar Chinchilla, quien iría por su reelección.
Otra legisladora, Sandra Morán, integrante del Frente Parlamentario para la Transparencia y de la bancada Convergencia, afirmó conocer la propuesta de Conde Orellana, aunque dudó que tuviera asegurada la Presidencia.
El tercer vicepresidente del Congreso, Marvin Orellana, confirmó que hay varias propuestas y buscará como miembro de la Comisión Permanente sugerir la elección de la Junta Directiva para el próximo jueves 11 de enero.
La lista de aspirantes incluye, además, a Boris España, del Movimiento Reformador; Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional; Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional, Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, y Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana.
Analistas advierten que la búsqueda de consensos para la producción legislativa y la conducción de las iniciativas que finalmente son leídas en el pleno se encuentran entre las tareas clave de la Junta Directiva.
Una dirección contraria a los esfuerzos por combatir la corrupción puede usar su poder para bloquear o respaldar iniciativas según su interés, y aunque la elección del Fiscal General no recae en el Congreso, tradicionalmente las manos e intereses de sus diputados han estado detrás de las comisiones de postulación.
A juicio de Celia Luna, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, el rumbo que pueda tomar la nueva legislatura dependerá, en buena medida, del liderazgo de su presidente.
Dentro de la estructura de pesos y contrapesos del sistema republicano guatemalteco, corresponde al Congreso el papel de fiscalización, aunque el periodo que termina no inspira mucha confianza.
Algunos datos ilustran que esta fue una legislatura con un 70 por ciento menos de producción de leyes (15 contra 51 en 2016) y de menor calado político y social.
En mayo pasado ocurrió el estancamiento de las reformas constitucionales al sector Justicia y aunque se recuperó la discusión para reformar la Ley Electoral, tampoco se logró un acuerdo.
En cuanto a transparencia no fue un buen año tampoco, ya que seis legisladores perdieron su puesto por estar vinculados en casos investigados por el Ministerio Público, cinco de ellos por corrupción.
Señalado por la ciudadanía como un Congreso mayoritariamente corrupto, la próxima directiva podría intentar cambiar la pésima imagen actual o dejarse llevar por la ola de correlación de fuerzas y alianzas a favor de la impunidad ahora en auge.
Hasta el día 15, si es que logran ponerse de acuerdo, no se sabrá el nombre de quién marcará el rumbo futuro del órgano legislativo. Los tres primeros meses también serán decisivos para ver hacia dónde se inclina el fiel de la balanza.
Por Maitte Marrero Canda
Crónica Digital
