20 MIL NIÑOS DISCAPACITADOS QUEDAN SIN ATENCIÓN

Específicamente pequeños con “trastornos específicos de lenguaje” (TEL), patología que constituye una forma de discapacidad.

El Decreto Exento Nº 1.300 del Ministerio de Educación, fechado el 30 de diciembre de 2002, el cual aprobó los “planes y programas de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje”, dispuso en su Artículo 13 D que las niñas y niños en edad de cursar pre–básico y básico específico “deberán ser atendidos a partir de marzo de 2006 en sus escuelas básicas respectivas mediante Proyectos de Integración Escolar”.

Esto significa que las niñas y los niños con trastornos específicos de lenguaje que, en el mes próximo, ya se encuentren en condiciones de edad para pasar a la Educación Pre–Básica y Básica, no podrán continuar recibiendo atención en una Escuela Especial de Lenguaje. A mayor abundamiento, el mencionado Decreto Exento Nº 1.300 indica en su Artículo 10, Letra C, que un criterio para el “egreso” es la “promoción a la educación regular”, y que “si el alumno aún requiere de apoyo especializado, éste deberá darse en la escuela básica con el correspondiente Proyecto de Integración Escolar”.

Las Escuelas Especiales de Lenguaje son un total 548 en todo el país, lo cual representa un 58,6% del total de Escuelas Especiales existentes, con una matrícula total de 49.645. Según explicó Hugolino González, presidente de la CONADEE, “un total cercano al 35 por ciento ya se encuentran en condiciones de ‘egresar’, lo que significa una cifra aproximada de 17 mil 500 niñas y niños”.

Agregó que el problema radica en que los “Proyectos de Integración Escolar” realmente existentes “no alcanzan a cubrir el 10% de las niñas y niños egresados, razón por la cual unos 16 mil niños y niñas se encuentran hoy en la situación de que, a partir de diciembre de este año, se encontrarán sin horizonte de incorporación al sistema educativo y, lo más grave, sin atención especial para atender su discapacidad”.

Así por ejemplo, puntualizó, “de 56 establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Valparaíso, apenas nueve escuelas tendrán proyectos de integración”.

A lo anterior hay que agregar que los padres deben “postular” a los niños para acceder a los cupos de los proyectos de integración, postulaciones que se realizan entre octubre y el 2 de diciembre, “mientras que los resultados serán entregados a mediados de enero de 2006, por lo que no existe tiempo suficiente para buscar alternativas en el caso de que el menor no sea seleccionado”, señaló González.

Los problemas derivados de la puesta en marcha del Decreto Exento Nº 1.300 no se circunscriben a lo ya expresado, pues la mencionada norma estableció además nuevas disposiciones en lo referente a la infraestructura de las Escuelas Especiales de Lenguaje. A este respecto, hay que recordar que la Corporación Nacional de Colegios Particulares hizo ver en su momento que el plazo de tres años para que las escuelas implementen la nueva infraestructura resultaba insuficiente, criterio no acogido por el MINEDUC.

“La realidad mostró que el plazo fue efectivamente insuficiente, y la investigación que efectuó la CONADEE muestra que en un 8% de las Escuelas Especiales de Lenguaje los sostenedores no tuvieron las condiciones para invertir en las exigidas modificaciones en infraestructura y han tomado la opción de cerrar.

Así, una proyección simple indica que otros 4.000 niñas y niñas verán clausurada su opción educativa especial”, explicó el presidente de la Coordinadora de la Educación Especial.

Agregó: “Es importante subrayar que el tiempo no fue la única variable involucrada en la decisión de cerrar las escuelas. Otro factor significativo fue que el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento en agosto, proponiendo la incorporación de cambios al Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1998, sobre subvenciones, excluyó a las Escuelas Especiales de Lenguaje del aumento de financiamiento”.

Lo más importante, continuó, es que el Proyecto introdujo una reconceptualización que alude a “necesidad educativa transitoria” para caracterizar los trastornos de lenguaje, en circunstancias que “existe consenso extendido en la comunidad científica en el sentido de aprehenderlos como una patología y una discapacidad permanente, que persiste más allá de las etapas parvularia, pre–básica y básica”.

“El Ministerio de Educación ha engañado a la opinión pública”, manifestó González, agregando que “de modo majadero ha insistido que no pretende cerrar las Escuelas Especiales; es efectivo que no se propone ese objetivo mediante una medida única y directa, pero resulta indudable que este constituye su propósito final y que el camino estratégico para su materialización es la puesta en marcha de un conjunto de medidas administrativas y legislativas que tiende al estrangulamiento de la Educación Especial”.

Frente a este escenario, la CONADEE inició un proceso de recolección de firmas en el país, con el propósito de obtener reconocimiento constitucional para la Educación Especial, que hoy constituye la única modalidad no contemplada por la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE).

Por otra parte, informó González, “respecto de las niñas y niños que están quedando excluidos de atención a su discapacidad en el sistema educativo, informamos que nos encontramos estudiando emprender acciones judiciales para que la autoridad se haga cargo de estos hechos que afectan gravemente los derechos constitucionales a la educación y la libertad de enseñanza”.

Santiago de Chile, 27 de noviembre 2005
Crónica Digital , 0, 553, 3

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