La medida, que fue apoyada por el Colegio de Profesores, surge como respuesta a la negación por parte de autoridades del país de acatar los fallos de los tribunales nacionales, que sentenciaron el pago de la deuda.
El caso de los profesores de Chañaral cumple con todos las condiciones para ser admitido por la Corte Internacional de Derechos Humanos, como el haber agotado todas las instancias en la justicia del país y el que no se hayan acatado los dictámenes de los tribunales. En esta misma condición, se encuentran los docentes de Vallenar, Parral y Cauquenes, entre otros, quienes en total suman alrededor de $15.000.000.000.- (quince mil millones de pesos)
Según el abogado Juan Pablo Olmedo, quien, en conjunto con Alfredo Etcheberry y otros profesionales patrocinan la demanda ante la Corte, son dos los derechos humanos vulnerados en el caso de los docentes de Chañaral.
El primero se refiere al incumplimiento de las resoluciones judiciales. «La gran muletilla de los últimos gobiernos ha sido que en Chile las instituciones funcionan. Aquí hay numerosos fallos que han dictaminado que hay que pagar la deuda a los profesores. Han pasado más de 20 años, las instituciones no han funcionado y eso es muy grave», señaló.
Explicó que el segundo derecho vulnerado, es el derecho de propiedad. «Toda la estructura económica de nuestro país funciona gracias al respecto a la propiedad privada y creo que al país, a su imagen y a su institucionalidad no le conviene mantener una situación donde hay una violación flagrante de la propiedad privada de los docentes».
Para el vicepresidente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, la demanda interpuesta por los docentes de Chañaral, representa el punto de partida para el pago de la deuda histórica que afecta a más de 60 mil profesores en todo Chile.
«A estas alturas más que recibir el dinero que sin duda sería de gran utilidad para muchos- lo más importante es el significado reparador que implica este pago. Implica un reconocimiento a que durante muchos años los profesores fueron un sector absolutamente postergado y olvidado».
Santiago de Chile, 7 de diciembre 2005
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