El fallo, adoptado por el juez Alejandro Solís contra el oficial (r) Hugo Alberto Guerra, es el más severo adoptado hasta ahora contra ex uniformados involucrados en la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990).
Las víctimas eran campesinos de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli, en la Décima Región del país, que fueron sometidos por Hugo Alberto Guerra «a delitos reiterados de secuestros calificados» a partir de las primeras semanas de consumado el sangriento golpe militar.
También fue condenado a pagar una indemnización de 250 millones de pesos (unos 475 mil dólares) a cinco familiares de las víctimas. Según testigos, los campesinos fueron ejecutados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos fueron lanzados a la corriente.
En el operativo participaron militares, efectivos de la Fuerza Aérea del Grupo No. 3 de Helicópteros de Maquehua, de Temuco, y carabineros del retén Liquiñe, además de varios civiles.
Entre los últimos se encuentra Luis García Guzmán, dueño de las Termas de Liquiñe, quien fue condenado a cinco años y un día por el secuestro calificado de uno de estos opositores a la dictadura y por haber participado en operativos de represión.
El abogado querellante del proceso, Nelson Caucoto, mostró su satisfacción tras haber conocido la sentencia del ministro Solís.
«Me parece que la cuantía de la pena, probablemente la más alta hasta hoy, deja de manifiesto que estamos iniciando el año 2006 como el año de las sentencias de las causas por derechos humanos», enfatizó.
Santiago de Chile, 27 de enero 2006
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