Mediante la controvertida ley, el magistrado absolvió hace dos semana al general (r) Sergio Arellano Stark, principal implicado en ese sangriento operativo donde fueron asesinados más de 70 opositores a la dictadura militar.
Resolvió igualmente aplicar la amnistía al jefe del Regimiento Rancagua (Arica), general (r) Odlanier Mena, quien ordenó las muertes de Oscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso en octubre de 1973 y luego las hizo aparecer como un accidente del tránsito.
Decretada por el ex dictador Augusto Pinochet, la normativa concede amnistía a todo el que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hubieren incurrido en «hechos delictuosos» entre el 11 de septiembre de 1973, fecha del sangriento golpe militar, y el 10 de marzo de 1978.
La ley fue proclamada para proteger a los militares que participaron de la ola de crímenes desatada por el régimen tras la asonada golpista en medio de una vasta campaña internacional de denuncias contra las violaciones de los derechos humanos en Chile.
Al apelar el fallo, el CDE busca defender la posición del Estado, que sentencia que los acuerdos y convenios internacionales sobre Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad están por sobre la legislación interna.
En su argumentación, el organismo señala que en este caso existe un «gravamen irreparable».
Precisa, sin embargo, que sólo apela en la parte criminal, pues en materia civil el juez Montiglio le dio la razón al fisco al rechazar millonarias indemnizaciones solicitadas por los familiares de las tres víctimas asesinadas en octubre de 1973.
La acción del CDE en la parte referida a la amnistía se suma a la de las familias de las víctimas que sostiene que el juez desconoció la vigencia de los tratados internacionales que declaran inamnistiables e imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.
Hugo Gutiérrez, abogado querellante, valoró la decisión del Consejo de sumarse a los esfuerzos para anular el fallo.
«Es una buena noticia porque no solo reivindica a los familiares de las víctimas, sino también a la sociedad chilena cuando se entiende que aquí hay una ley que exculpa a los responsables de los peores crímenes cometidos en la historia republicana de nuestro país», apuntó.
El fallo de Montiglio dio lugar a una fuerte protesta de amplios sectores políticos, dentro y fuera del gobierno, y de las organizaciones de derechos humanos que pidieron a la presidenta Michelle Bachelet que diera su respaldo a un proyecto legislativo en el Parlamento que anula la ley de amnistía.
La iniciativa fue presentada al Senado la pasada semana por un grupo de legisladores progresistas dentro de la coalición gubernamental y espera por una decisión del Ejecutivo, que prometió estudiar la legislación.
Santiago de Chile, 26 de abril 2006
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