Una investigación larga y no exenta de complicaciones por el pacto de silencio de los agentes del estado que asesinaron a mansalva a cuatro profesionales de izquierda en represalia al atentado a Pinochet. A cada uno los llenaron a balazos en venganza por la muerte de cinco escoltas en la cuesta achupallas.
Los 20 años que ha llevado la investigación judicial pudo comprobar el actuar de la policía secreta del régimen del fallecido Capitán General, quien a través del también fallecido general Humberto Gordón, director de la Central nacional de Informaciones (CNI), organizó asesinatos masivos, con lista en mano, de opositores de la dictadura entre quienes se encontraban el propio ex presidente Ricardo Lagos y el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, ambos se salvaron de la venganza de quienes ostentaban todo el poder.
Las pruebas son contundentes en contra de los agentes de la CNI que participaron en estos crímenes. Algunos, como el ex agente Jorge Vargas Bories, ha señalado que si bien participó en los homicidios nunca estuvo de acuerdo, sin embargo, recién le costó años reconocer la verdad.
Cabe recordar que el Ministro Secretario General de Gobierno de la época, Francisco Javier Cuadra, informó a la opinión pública que no se descartaba la posibilidad que estos crímenes obedecieran a una purga entre comunistas. Hasta la fecha las opiniones del ex secretario de Estado no han sido explicadas.
LA NOCHE DE LA VENGANZA
Tras el fallido atentado a Pinochet y la muerte de cinco escoltas del dictador el 7 de septiembre de 1986, en el cuartel general de la CNI, el general Humberto Gordon estaba profundamente alterado por lo ocurrido y les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias que debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas, según quedó establecido en el proceso judicial.
Según la versión de familiares que son a la vez testigos presenciales, siete horas después de la emboscada a la comitiva del Presidente de la República cerca de las 02:00 de la madrugada del 8 de septiembre de 1986, un grupo de hombres con gorros pasamontañas rodean la casa de Felipe Rivera Gajardo, electricista, militante del PC, en Pudahuel, lo sacan y lo suben a un taxi que partió con rumbo desconocido.
Cerca de las 04:00 horas, media docena de hombres fuertemente armados irrumpen en la casa de Gastón Vidaurrazaga Manriquez, profesor, militante del MIR, en San Bernardo los que se cruzan con Carabineros y lo sacan a empujones con destino desconocido.
A las 05:00 de la madrugada llegaron hasta el domicilio del periodista José Humberto Carrasco Tapia, periodista, dirigente gremial, militante del MIR, en el Barrio Bellavista tres civiles armados quienes se lo llevan a la fuerza.
Horas después fueron encontrados los cadáveres de los tres secuestrados, acribillados a balazos.
Al día siguiente, esto es el 9 de septiembre a las 03:00 de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham Muskatblit Eidelstein, publicista, militante del PC, del sector Casas Viejas, 12 individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén.
LOS PASOS QUE SIGUEN
Este martes se cumplirían uno de los últimos pasos previos para que el ministro Haroldo Brito culmine la etapa probatoria y dicte las sentencias condenatorias en contra de los agentes de la CNI individualizados en el crimen de José Carrasco y los otros tres profesionales asesinados.
Esta etapa buscará establecer las responsabilidades civiles del Estado en estos crímenes ya que las responsabilidades penales ya fueron comprobadas en la causa que sustanció el ministro Hugo Dolmench.
Con esta nueva resolución, sumarían tres los procesos emblemáticos en contra la ex CNI que finalizan en condenas: la llamada Operación Albania y el crimen del ex vocero del MIR Jecar Neghme, ejecutado en 1989.
Santiago de Chile, 26 de diciembre de 2006
Crónica Digital/ Agencias , 0, 31, 3
