Tras una semana de intercambio de cartas, comunicados, mensajes y declaraciones, el Ejecutivo y el grupo guerrillero parecen listos para discutir las condiciones de un primer encuentro con el objetivo de negociar un Acuerdo Humanitario (canje de prisioneros).
Ese sería el escenario inaugural de las conversaciones de paz entre las partes, luego que resultara infructuosa la política oficial de guerra para acabar con la insurgencia en Colombia, y que el grupo rebelde expresara su compromiso para ponerle fin al conflicto.
En una carta abierta a las tres ramas del poder público, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC afirma que «la paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos».
Pero, agrega, «no ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente y tras las garras del águila imperial».
Cinco décadas perdidas, cientos de miles de muertos, miseria, soberanía mancillada, dependencia y falsa democracia son el resultado del terco empeño de aniquilar por la vía de las armas la inconformidad del pueblo, aseveran las FARC.
Al respecto, subrayan que todas las operaciones militares, de 1964 a 2006 y desde el Plan LASO hasta el Plan Patriota de Estados Unidos, terminaron en el fracaso.
Por ello, sostiene el texto insurgente, si el gobierno actual decide otorgar las plenas garantías para adelantar el canje de prisioneros, quedará listo el escenario para la búsqueda de acuerdos tendientes a superar el conflicto social y armado que azota al país.
En la misiva, el grupo rebelde propone al Estado ocho puntos específicos y 14 temas a discutir.
Entre los primeros aparecen desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo para iniciar conversaciones de paz y suspender las órdenes de captura para los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC.
Asimismo, solicitar a la comunidad internacional suspender la calificación de organización terrorista a las FARC.
Resuelto este problema, quedan abiertas las puertas para que distintos países, si lo estiman conveniente, jueguen su rol como mediadores o facilitadores.
Las FARC piden Reconocer la existencia del conflicto social y armado, suspender los operativos militares a escala nacional, otorgar plenas garantías para el desplazamiento de los guerrilleros-negociadores y que los encuentros se efectúen de cara al país.
Bajo estas condiciones las FARC, en acuerdo con el gobierno nacional, entrarían de inmediato a explorar caminos que conduzcan a un cese bilateral del fuego y a analizar la solución política al conflicto social y armado.
A la mesa de negociación, Las FARC llevarían como temas La agenda común de San Vicente del Caguán y la Plataforma para un Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, Paramilitarismo de Estado y Depuración de las fuerzas armadas ligadas al paramilitarismo.
También, Libertad inmediata para la población civil sindicada de nexos con la guerrilla, Reparación económica del Estado a todos los afectados por el conflicto interno, El TLC con Estados Unidos y Reforma Agraria inmediata.
Además, Retorno de los desplazados a sus áreas, Reforma Urbana inmediata, Política de Estupefacientes, Tratado de Extradición, Asamblea Constituyente y Política Energética.
En respuesta casi inmediata, el presidente autorizó al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a buscar con las FARC las condiciones propicias para crear una zona de encuentro.
Un comunicado de la Casa de Nariño (Presidencia) precisa que el objetivo de ese sitio sería negociar el Acuerdo Humanitario (canje de prisioneros) y un proceso de paz.
El mandatario indicó que habría garantías de buena fe que además deben incluir un cese de hostilidades, limitaciones de tiempo y los requisitos que propusieron los tres países europeos (Francia, España y Suiza).
Agrega que, consistente con la propuesta formulada públicamente por el Alto Comisionado hace más de un año, el gobierno considera viable la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, por supuesto, con previa dejación de armas.
Ante tales posturas tan convincentes, los colombianos no cesan de preguntarse si será cierto que llegó la hora de alcanzar la paz en este país andino, donde más del 80 por ciento de su población nació bajo el conflicto armado interno.
Por: Alejandro Gómez.
Bogota, 3 de octubre 2006
Prensa Latina , 0, 51, 11
