Navarro, dijo que la compra de un avión que costará 50 millones de dólares no puede ser privativa de una institución castrense, primero porque la nave no será de su uso exclusivo y, en segundo lugar, porque no hay que olvidar que la decisión de adquirir el avión presidencial que hoy tenemos y que no sirve, también la tomaron ellos.
El legislador indicó que además de sorprendente e inexplicable el tono usado por el jefe de la aviación para desestimar la opinión de La Moneda en la decisión final de compra de la aeronave, va en el sentido contrario a lo que sucede en similares situaciones en el resto del mundo. Porque cuando en Europa o en Estados Unidos quieren comprar un avión no le preguntan al comandante de la fuerza aérea, sino que al Senado de cada país, porque se entiende que este no es sólo un tema técnico o militar, sino que por su sentido y por la inversión pública que representa, debe ser una decisión de Estado.
En esa línea -agregó- es que hemos presentado en agosto pasado un proyecto de ley para agregar un nuevo número 11 al Artículo 53 de la Constitución para agregar como facultad del Senado el autorizar la compra o venta, importación o exportación, de armamento y equipamiento militar, al inicio de cada legislatura ordinaria, previa propuesta del Presidente de la República. Esperamos que en la línea de avanzar materia de modernización y transparencia podamos desarrollar este tipo de legislación que sólo busca hacer visible y claro, algo que muchas veces, con la operación de intermediarios, y cuando se decide entre pocos y entre cuatro paredes, se vuelve algo oscuro.
Navarro dijo que si lo que quiere el comandante Ortega es que se diga explícitamente que se requiere un avión presidencial y no, como él parece creer, un avión para la Fuerza Aérea, entonces digámoslo sin pudores: necesitamos un avión presidencial que esté a la altura de la inserción internacional de Chile, que tenga una vida útil de varios períodos, y que cumpla con ciertos estándares mínimos de seguridad y autonomía, que el actual avión no cumple, porque cada vez que se debe ir a Europa debe bajar en muchos países a reabastecerse de combustible, alargando el tiempo de viaje y haciéndolo más inseguro. Necesitamos un avión para el Estado, y no un avión para hacer charter clase económica en temporada alta.
Sin embargo -prosiguió- quienes no estamos viendo este tema desde una óptica en blanco o negro, creemos que es posible combinar las necesidades gubernamentales o de Estado con otras necesidades que surjan de las propias Fuerzas Armadas y de la comunidad, por ejemplo, ante situaciones de emergencia. Entonces por eso se ha abierto este debate sobre si tiene dos o cuatro motores, si tiene más o menos capacidad de carga, si puede llevar más o menos pasajeros, etc. Creemos que es factible que en esta compra coincida la necesidad del Estado con un perfil técnico multipropósito.
Retomando el tema legal, el parlamentario señaló que otro tópico que se ha instalado en medio de esta discusión es el que tiene que ver con que esta compra sea declarada estratégica y por ello no cumpla con las normas de transparencia que se exige para todas las demás inversiones del Estado. Que el tema sea debatido en el Senado, es un primer paso para que estas materias dejen de ser casi un secreto que sólo genera sospechas. La transparencia en las acciones del Estado también deben alcanzar a las FFAA.
El legislador dijo que con esto lo que se busca es buscar las mejores condiciones y garantías a la hora de hacer una inversión de esta envergadura, ojalá negociando directamente con los fabricantes y no a través de intermediarios, para evitar que se repitan situaciones como las de la adquisición de los Mirage Elcan o los helicópteros Bell usados adquiridos a través de terceros y que, al parecer, resultaron ser chatarra.
Finalmente Navarro indicó que no es prudente que un comandante en jefe pueda emitir este tipo de opiniones sin que exista una conversación previa con la ministra de Defensa. En la democracia que construimos no nos parece que participen de este tipo de polémica. Esta debe darse en el Senado, elegido democráticamente, con la ministra. No es posible que los parlamentarios no enteremos por la prensa. Además, al comandante en jefe no le corresponde rayar la cancha donde la presidenta va a decidir.
Santiago de Chile, 23 de enero 2007
Crónica Digital
, 0, 19, 3
