Al menos, ha olvidado su compromiso sobre los cinco puntos que fueron planteados por la izquierda para apoyarla, el que ha quedado reducido hasta hora sólo a buenas intenciones y a palabras.
Al respecto, examinemos sólo uno de esos puntos. Una de sus promesas fue la realización de una reforma previsional, enfocada por la entonces candidata en dos ámbitos: primero, el aumento de las pensiones mínimas; segundo, una comisión que estudiara modificaciones al sistema previsional de las AFP.
La señora Bachelet ha cumplido formalmente con ambos aspectos. Subió las pensiones mínimas y constituyó la comisión.
El problema es que el incremento no resuelve las necesidades y demandas de los jubilados y, lo más grave, el carácter de la propuesta que diseñó esa comisión, presidida por Mario Marcel, en modo alguno representa un cambio de envergadura.
El sistema de las AFP tiene y tendrá resultados adversos para la mayor parte de los miles de futuros y actuales jubilados, que se ven y verán perjudicados en sus pensiones. También afecta y afectará al erario fiscal que, en los próximos años, deberá aumentar progresivamente el desembolso destinado a garantizar pensiones mínimas para miles y miles de personas.
Pero no sólo eso. El sistema de AFP es uno de los instrumentos clave ideados por los ideólogos de la dictadura para concentrar el poder económico en pocas manos.
Los grupos económicos no sólo han lucrado en forma escandalosa con las comisiones que cobran por administrar los dineros de los cotizantes, algo de por sí inusual si pensamos que los bancos pagan por el ahorro del dinero de otros, sino que además deciden el destino de las inversiones. De esta forma, han construido imperios económicos.
Chile no necesitaba un maquillaje que mantuviera lo fundamental del sistema existente, sino que una intervención profunda que permitiera que los chilenos y chilenas tuvieran acceso a un sistema de pensiones solidario, tal como el país conoció durante años y que reconocemos como el único posible para enfrentar el enorme perjuicio a las pensiones de tantos chilenos y a la propia caja fiscal.
Michelle Bachelet no ha estado, en esta materia, a la altura de lo que el país requiere.
Por otra parte, los Gobiernos de la Concertación han mantenido una invariable política de financiar con publicidad estatal a los dos principales monopolios de las comunicaciones, El Mercurio y COPESA.
La señora Bachelet manifestó al Colegio de Periodistas, durante la campaña, que estaba consciente del tema y que lo resolvería.
Sin embargo, hasta ahora no se ha frenado el desembolso de millones de pesos de todos los chilenos que permite el control del espacio público por esas empresas ligadas a la extrema derecha de este país.
Ha permitido que otro de los pilares fundamentales del poder de la derecha política y económica, el monopolio de las comunicaciones, se mantenga con el dinero de todos, facilitándoles mantener uno de los sustentos del modelo de país que construyeron de la mano del tirano.
Ya es tiempo que se frene esto. No es aceptable que con el dinero de todos se financie a la minoría que lucra a costa de un modelo impuesto, mientras los medios de comunicación democráticos se extinguen o sobreviven apenas.
La señora Bachelet no pueden ignorar que al entregar publicidad del Estado a estos medios está sustentando a aquellos que se oponen al Chile solidario y democrático que la mayoría aspira construir, entre los que se cuenta al señor Agustín Edwards, conocido promotor del golpe de Estado.
Llega, entonces, la hora de iniciar la movilización en exigencia de estas y todas las promesas aún pendientes. Llega la hora de la izquierda, los movimientos sociales y los consecuentemente democráticos.
Por Bernarda Pérez La autora es Secretaria General del Partido Izquierda Cristiana de Chile
Santiago de Chile, 9n de marzo 2007-02-09 Crónica Digital , 0, 119, 3
