Mientras la clase política chilena se vanagloria de haber consensuado el término de la tristemente célebre Ley Reservada del Cobre, con la que la dictadura aseguró a las Fuerzas Armadas los fondos proporcionalmente más altos que ha conocido el gasto en Defensa en América Latina, nadie se toma la molestia en explicarle a la ciudadanía que el pacto que ahora permite dicha derogación contiene una letra chica bastante grande.
Por una parte, la oscura norma se cambia por otra insólita, en virtud de la cual la agenda bélica local garantizará para sí por, cuatro años, un presupuesto exento de discusión parlamentaria, privilegio que, claro está, los congresistas no aprobarían para Educación y Salud, por ejemplo.
Por otro lado, la reforma asegura un piso de fondos a las instituciones castrenses: el promedio de lo obtenido en los últimos diez años de venta cuprífera. En efecto, si los voceros civiles de los militares han aceptado con tanto entusiasmo esta vez la propuesta del ministro y ex vocero pinochetista del Plebiscito de 1988, Andrés Allamand, es porque el mínimo monto que el nuevo cálculo les provee es mucho más alto que lo que la ya desahuciada ley les permitía soñar.
En efecto, la situación económica mundial ha hecho caer durante el último trimestre en 38% la producción de cobre, hecho que, además de objetivo, aparece asociado a la vertiginosa baja de 14% en el precio internacional del metal rojo, entre enero y marzo, y un retroceso de al menos 10% en las leyes de los minerales.
Se trata del más profundo y multimillonario salvavidas a las armas, que aprovecha el amplísimo descrédito de la norma previa para impedir en Defensa recortes presupuestarios que, en caso de ser invocada porLa Moneda una “crisis económica”, sí operarían en Educación y Salud, como ya lo hizo en 1998 el entonces Presidente Eduardo Frei.
La paradoja mayor, sin embargo, es que este acuerdo hecho en nombre de una derogación largamente esperada tiene su amarre a pocos días de que se dé a conocer un informe que el propio Ministerio de Bienestar Social teme: el resultado de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), que mostrará la consolidación estructural de la pobreza en un país en el que la situación de calle suma ya 12 mil personas. “El precio de los alimentos ha subido mucho y, por lo tanto, la línea de pobreza se corrió hacia arriba”, aseguró el propio titular de la cartera, Joaquín Lavín, en un penoso intento por explicar las cifras que saldrán a la luz pública durante este mismo mes.
Entonces, en vez de subir el piso del presupuesto militar, ¿por qué no bajamos, mejor, el techo del alza de IPC de los productos de primera necesidad? ¿Por qué, así como se traspasa al gasto en defensa el cálculo de los mejores precios del cobre, no se transfiere a quienes pagan el costo social del sistema la proporción respectiva de las mejores utilidades obtenidas por las empresas? Se asegura el financiamiento para el brillante porvenir de no sabemos qué guerra, pero la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, ha propuesto un plan de emergencia que, en nombre de la crisis internacional, plantea bajar el sueldo a los trabajadores.
¿Por qué ese doble estándar si, con fecha 15 de junio,la CEPALacaba de evacuar su informe macroeconómico mensual, estableciendo para Chile un crecimiento 24,4% más alto que el promedio estimado para América Latina? La respuesta es que, al igual que en dictadura, las Fuerzas Armadas siguen imponiendo sus privilegios, con la diferencia de que ahora esas mismas granjerías son defendidas, en nombre de los uniformados, por civiles.
Por Barbara Cid. La autora es analista política. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 16 de junio 2012
Crónica Digital
Ésto sí que es grave.
Urge conocer la posición del Partido Comunista respecto de todas esas disposiciones del proyecto en cuestión que asegurarían la profundización del irritante privilegio que se pretendía eliminar.
No vaya a ser cosa que todo el discurso, sobre el término del 10% de la ley del cobre para las fuerzas armadas, haya sido una despreciable cortina de humo para abrir el camino a la privatización de activos de Codelco.
No hay que olvidarse que las mismas transnacionales cupreras exigieron en 2008 la eliminación del mentado 10% porque, según ellos, impedía una debida precisión actuarial en sus cálculos para estimar viable la eventual compra de Codelco.
Urge tener claridad sobre los políticos que sirven los intereses nacionales y aquellos que sirven los intereses imperialistas.