Con una inédita derrota en la Cámara de diputados y una crisis en los partidos que lo apoyan, la semana que concluye resultó una de las más críticas para Sebastián Pimera en su segundo mandato.
La causa fue la aprobación el miércoles en la Cámara baja de una reforma constitucional que permite a los afiliados a las desacreditadas Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar hasta el 10 por ciento de sus ahorros.
A pesar de todos los intentos del gobierno por impedir que la iniciativa saliera adelante, la cámara la aprobó por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, incluyendo 13 diputados de la derecha que se restaron de la ofensiva de La Moneda para echarla abajo.
De nada valieron los esfuerzos desplegados desde el fin de semana por los ministros de Piñera para convencer dentro de sus huestes a los diputados que se habían expresado a favor de la iniciativa.
El fallo de la cámara, aun cuando el proyecto debe transitar todavía por el Senado la semana entrante, es considerado histórico y un primer paso hacia una transformación profunda de las AFP, estandartes del modelo neoliberal chileno, y que hasta ahora habían resultado intocables.
Ni siquiera surtió efecto que el presidente lanzara el día antes un plan «reforzado» de ayuda a la clase media, enfilado sobre todo a detener la reforma constitucional, de lo cual dio cuenta el propio Piñera al referirse en sus palabras a la necesidad de «proteger» las pensiones aunque llegó a admitir la necesidad de mejorar el sistema previsional del país.
Ese programa es una nueva versión de otro lanzado la semana anterior, calificado de insuficiente y tardío, aunque la segunda opción no ha corrido mejor suerte, al ser bautizada en medios políticos y sociales como un «ofertón de última hora» y «menos de lo mismo».
Tanto fue así, que apenas el mandatario concluyó su alocución desde el palacio de La Moneda, resonaron las cacerolas a lo largo del país hasta desembocar durante esa noche y la madrugada del miércoles en violentas protestas que recordaron a muchos lo ocurrido tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
La votación reforzó la crisis al interior del oficialismo, al punto de que la dirección de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) decidió llevar a cinco diputados díscolos al Tribunal Supremo de ese partido para analizar su militancia, lo que ha sido criticado desde otras formaciones del oficialismo.
En respuesta, tres de los cuestionados anunciaron este viernes que presentarán su renuncia a ese partido, porque según alegan no traicionaron sus principios, sino que votaron en conciencia.
Por su parte, el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, denunció públicamente el jueves a su correligionario Diego Schalper por extorsión y cohecho al presionar y ofrecer beneficios a sus colegas para que cambiaran su voto, lo que augura nuevas desavenencias.
En un ambiente tan caldeado, ni siquiera alivió los sinsabores del gobierno la leve mejoría que muestra la situación de la Covid-19 en el país, aunque con ocho mil 347 fallecidos y 326 mil 572 infectados, según el parte del jueves, se mantiene entre las diez naciones más golpeadas por la pandemia.
Por Rafael Calcines Armas
Santiago de Chile, 18 de julio 2020
Crónica Digital/PL
