Más de 130.000 causas penales en materias relacionadas con el COVID-19 ingresaron en 2020 a los juzgados del país

Según se establece en el Informe Anual de Estadísticas Judiciales 2020 publicado por el INE, la gran mayoría de esas causas fue por infringir normas higiénicas y de salubridad. Además, hubo 1.213 causas por propagar contagio a sabiendas y 20 en que el empleador ordenó infringir la cuarentena.  

Un total de 130.027 causas penales en materias relacionadas con el COVID-19 ingresaron a los juzgados de Chile durante 2020. De ellas, 128.794 fueron por infringir normas higiénicas y de salubridad (art.318 Ley 21.240), 1.213 fueron por propagar contagio a sabiendas (art. 318 bis Ley 21.240) y 20, porque el empleador ordenó infringir la cuarentena (art. 318 ter Ley 21.240). Así se desprende del Informe Anual de Estadísticas Judiciales 2020 que publicó esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que se elabora a partir de registros administrativos proporcionados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), el Servicio Nacional de Menores (Sename), Gendarmería de Chile y de la encuesta a los Juzgados de Policía Local del país elaborada por el INE.

Según consta en el informe, los juzgados dieron término a 98.848 de esas causas, de las cuales 97.966 fueron por infringir normas higiénicas y de salubridad; 875, por propagar contagio a sabiendas y 7, por orden del empleador de infringir la cuarentena. El 90,9% de las causas culminó al ser acogida a requerimiento con un proceso monitorio, es decir, se aplicó una multa. En tanto, en el 3,1% del total se puso fin a la causa con una sentencia, en el 1,8% se declaró el sobreseimiento definitivo, el 1,7% finalizó comunicando y/o aplicando principio de oportunidad y el 2,5% terminó por otros motivos.

Aumentan ingresos de causas penales y disminuyen los de familia y laborales 

Un total de 760.648 causas ingresaron en 2020 a los juzgados penales (aumento de 12,6% respecto de 2019) y hubo 690.507 causas terminadas (-3,3% anual), las que pueden haber ingresado ese mismo año o antes. La familia de delitos Contra la seguridad pública fue en ambos casos la más frecuente, representando casi el 40% del total de los ingresos y el 33,8% de los términos.

En los juzgados con competencia de familia, en tanto, ingresaron 599.476 causas (variación anual de -18,8%), la gran parte de ellas relacionadas con alimentos (22,6% del total), vulneración de derechos (19,3%) y violencia intrafamiliar (13,9%). En todas ellas se registraron menos causas en comparación con 2019. A su vez, se terminaron 411.352 causas (-31,7% respecto de 2019), siendo las con mayor proporción las de vulneración de derechos (19,5% del total), violencia intrafamiliar (18,8%) y alimentos (14,2%). Todas estas causas mostraron descensos en relación con 2019.

Respecto a las causas laborales, ingresaron 335.341 al sistema laboral reformado (un 15,2% menos que en 2019) y se terminaron 294.531 (-21,8% menos que en 2019). En ambos casos, la materia con mayor tramitación de causas fue el despido injustificado (12,9% y 12,7% del total, respectivamente).

Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunales 

Por su parte, en 2020 ingresaron 154.883 causas a la Corte Suprema, lo que representa un alza de 274,8% respecto de 2019, mientras que hubo 150.985 causas falladas (que pueden haber ingresado ese mismo año o antes), cifra que implica un aumento de 308,6% respecto de 2019.

En las Cortes de Apelaciones, en tanto, el número de causas ingresadas en 2020 (345.500) disminuyó 33,5% respecto al año anterior, a la vez que las causas falladas por las Cortes se elevaron a 519.829, creciendo 70,6% anualmente.

En los tribunales de primera instancia, en tanto, ingresaron 1.085.250 causas (-35,6% en comparación con 2019) y terminaron 642.738 causas (-44,9% respecto de 2019).

Los juzgados de Policía local con juez letrado a nivel nacional, por su parte, registraron 5.559.889 causas ingresadas y 4.608.139 causas terminadas en 2020. La mayoría de ellas (66,2% del total) fueron por infracción al TAG, seguida de las infracciones a la Ley de Tránsito (27,0%), ordenanzas municipales (1,9%) e infracciones a la Ley de Alcoholes (1,8%).

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