Alvarez, a cargo del pedido de extradición contra el ex gobernante, había rechazado ya el pedido del abogado defensor Gabriel Zalisnik para que su cliente compareciera ante el máximo tribunal chileno a la mayor brevedad.
La solicitud buscaba aparentemente acelerar el proceso para luego solicitar la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario del ex gobernante, reclamado en su país por 12 cargos de corrupción y violación de los derechos humanos durante su gobierno.
El magistrado declaró la víspera que por el momento no aceptará la petición pues pretende tomarse algunos días para leer las doce acusaciones -detalladas en extensos cuadernillos- que fueron entregadas a las autoridades chilenas el pasado martes por el gobierno peruano.
Fuentes judiciales han adelantado que el proceso judicial podría demorar entre seis meses y un año. La principal acusación contra Fujimori es de homicidio calificado y desaparición forzada de 25 personas, entre ellas un niño, durante su gobierno (1990-2000).
El ex gobernante, de origen japonés, arribó sorpresivamente a Santiago el pasado 6 de noviembre procedente de Japón, con el aparente propósito de preparar su regreso a Perú, donde pretende competir por la presidencia en los comicios de abril próximo.
A pedido de las autoridades peruanas, fue arrestado a las pocas horas de su arribo y trasladado a la Escuela de Gendarmería, al sur de esta capital, donde se encuentra recluido bajo estrictas medidas de seguridad.
Altos funcionarios del gobierno de Lima han solicitado a la justicia chilena que lo mantengan bajo arresto ante el temor de que pueda escapar del país.
Santiago de Chile, 6 de enero 2006
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