MILITARES URUGUAYOS SERÁN JUZGADOS EN CHILE CON GARANTÍAS

Berríos fue secuestrado y posteriormente asesinado en Uruguay para impedir que declarara a la justicia de su país en un proceso por crímenes del ex dictador Augusto Pinochet.

El magistrado, en declaraciones al diario La República desde Santiago de Chile, rechazó por falsa la información de que «agentes chilenos hayan actuado en Uruguay, en forma irregular», como trascendió en esta capital.

Madrid explicó que «cuando los militares uruguayos (dos en actividad y uno en retiro) arriben a Santiago de Chile, serán entregados a la Suprema Corte.

Ese órgano pondrá a los acusados uruguayos a disposición de Madrid, por ser ese un juez de primera instancia, y el mismo tendrá que definir dónde estos deberán permanecer en prisión preventiva.

También se conoció hoy que los militares uruguayos tendrán derecho a apelar y eso luego lo resolverá la Cámara de Apelaciones como tribunal superior.

Varios analistas consideran que a Berríos lo mantuvieron con vida en Uruguay hasta que llegó el ex dictador Pinochet, en «un viaje de placer y visita personal» a su amigo uruguayo, el también dictador Juan María Bordaberry.

En esa oportunidad, quien fungió como hombre se seguridad de Pinochet, a pedido del dictador chileno, fue el militar Casella, que en ese momento se encontraba en actividad.

Montevideo, 4 abril 2006
Prensa Latina , 0, 76, 11

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GOBIERNO CONFÍA EN CONFIRMACIÓN DE JUEZ CERDA

Mar Abr 4 , 2006
Cerda, quien está a cargo del proceso de las cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet desde el pasado año, enfrenta un fuerte rechazo de sectores ultraconservadores por su decidida postura contra ex represores del régimen militar (1973-1990). El juez fue propuesto por el ex presidente Ricardo Lagos -y ratificado por Bachelet- de una lista de cinco candidatos enviada por el máximo tribunal para ocupar la vacante por el retiro del magistrado José Benquis, quien llegó a la edad límite de 75 años. El rechazo de los senadores ultras obligará a la bancada gubernamental a buscar apoyo en sectores más liberales de la oposición dado que no cuenta con el quórum necesario para lograr que el juez pase a integrar la Corte Suprema. La propuesta del Ejecutivo requiere el voto favorable de dos tercios del Senado, lo que equivale a 25 de los 38 legisladores en ejercicio. No obstante, el ministro de Justicia, Isidro Solís, y el secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, se mostraron confiados la víspera de que el magistrado que investiga el origen de la fortuna de Pinochet será finalmente aprobado. El vocero del gobierno destacó la «gran trayectoria profesional en la búsqueda de la justicia y la verdad» del magistrado y recordó que fue propuesto por Lagos y ratificado por Bachelet en virtud de una brillante carrera en el servicio público. Por su parte, Solís manifestó su confianza en «que la oposición evalúe los meritos del ministro Cerda integralmente, lo que ha sido su carrera judicial, su formación, sus contribuciones al ejercicio de la justicia». El titular del ramo anticipó, sin embargo, que en caso de que la Cámara Alta rechace el nombramiento de Cerda se mantendrá «la postulación hasta el final». Según explicó, en caso de que la negativa se mantenga, la Constitución establece que la Corte Suprema nombre una quina y ahí el Gobierno nuevamente deberá postular un nombre. Cerda estuvo a punto de ser expulsado de la Corte Suprema en 1986 por encausar al entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y a unos 20 miembros del Comando Conjunto del régimen militar por la desaparición de un grupo de dirigentes comunistas. En un valiente gesto de profesionalismo, el magistrado se negó a cumplir la orden del máximo tribunal de retirar los cargos. Fuertemente presionado tuvo luego que disculparse por escrito para evitar la expulsión. Su rebeldía en ese y otros casos le valió bajas calificaciones profesionales, argumento que esgrimen ahora los legisladores de la extrema derecha que sirvieron de soporte político en el pasado a la dictadura militar. El magistrado explicó ante la Comisión de Constitución del órgano legislativo que las malas calificaciones estaban vinculas a su vertical conducta en derechos humanos y dijo que no habría cambiado ninguna de sus actuaciones para pavimentar una ruta más dócil a la Suprema. «Jamás yo habría dejado de hacer lo que he hecho en consideración a que el día de mañana eso pudiese afectarme ante algún senador para los efectos de […]

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