Organizaciones antibelicistas de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Paraguay encabezaron en Caracas un panel que finalmente acordó emprender una campaña favorable al retiro de las tropas del Pentágono, y la anulación de los convenios que le conceden inmunidad.
El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, destacó cómo Estados Unidos ha convertido la base militar de Guantánamo -en el oriente de la isla- en un campo de concentración y torturas, mientras en Puerto Rico recluta a buena parte de su contingente.
La analista Elba Serrano, de Ecuador, reiteró la anulación del acuerdo que permite a militares estadounidenses operar en la ciudad de Manta, en el litoral central de su país, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y generar empleo.
En realidad, la base instalada en suelo ecuatoriano sirve de punto de apoyo militar contra la guerrilla colombiana y la migración de indocumentados, subrayó.
Para la mexicana Ana Esther Ceceña, la Casa Blanca mantiene una militarización impresionante en América Latina desde hace algunos años para imponer un «mapa de la muerte, del terror, de la represión y del sometimiento».
Señaló que desde un enclave militar en Colombia «se cubre la zona de la cuenca amazónica hasta el sur de México», mientras en Haití se impone un ejército multinacional y en Paraguay se domina el Cono Sur.
«Queremos libertad y vamos a luchar contra estas escuelas de entrenamiento» militares en el continente, declaró.
El paraguayo Orlando Castillo habló de la prolongada presencia militar norteamericana en su país, y el eventual acondicionamiento de una base en la localidad de Mariscal Estigarribia, en el Chaco.
Los representantes de organizaciones antibelicistas y otros asistentes al Foro insisten en que la injerencia estratégica de Estados Unidos generará un cambio geopolítico significativo para Sudamérica, y en particular para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
La instalación del enclave castrense en Paraguay se sumaría a los casi 800 que mantiene Washington en más de 40 países.
En el Caribe se registran las bases de Guantánamo (Cuba), Fort Buchanan y Roosevelt Roads (Puerto Rico), Reina Beatrix (Aruba) y Hato Rey (Curazao), estas dos últimas denominadas «localizaciones de seguridad cooperativa».
Con ese mismo término encubre el Pentágono las de El Salvador (Comalapa) y Ecuador (Manta), mientras en Honduras mantiene el recinto militar Soto Cano, y en Colombia estaciona más de mil soldados con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico.
Ahora todo parece indicar que Washington consiguió instalarse en la Triple Frontera (punto de confluencia de Argentina, Brasil y Paraguay), una zona a la que le montó una campaña desde la década del 90 y definió como «zona de terrorismo islámico».
De hecho, 13 contingentes de unos 500 militares, aviones, armas, equipos y municiones del Ejército de Estados Unidos comenzaron a llegar en julio pasado a Asunción, en un proceso que se extenderá hasta diciembre, y con posibilidades de prórroga.
El Congreso paraguayo le concedió inmunidad a esas tropas -que los exonera de cualquier sometimiento al sistema judicial nacional-, un privilegio que Argentina y Brasil no quisieron otorgar.
Además de poseer las mismas prerrogativas de un funcionario diplomático, esos soldados no tendrán que responder por los daños que causen a la salud o al medio ambiente, ni tampoco a los recursos de la población.
En coincidencia, y como parte de una lógica que se conoce como intercambio de «inmunidad por dólares», el embajador estadounidense, Francis Keane, anunció una asistencia financiera a Paraguay para fortalecer la lucha contra la corrupción y el terrorismo.
La mayor proximidad diplomática-militar entre estos países se selló con la visita a Washington del vicepresidente paraguayo, Luis Castiglioni, en julio pasado; y con la llegada a Asunción, un mes después, del secretario de Defensa Donald Rumsfeld.
Entretanto, avanzan los preparativos para la instalación en esa capital de una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El despliegue de tropas norteamericanas es uno de los golpes más fuertes que Washington ha descargado sobre el Mercosur, consideran organizaciones humanitarias y sociales.
Autoridades y dirigentes paraguayos se han expresado públicamente a favor de una potencial deserción del seno del bloque, criterio que hasta el momento ha descartado el presidente de la nación, Nicanor Duarte, y la canciller Leila Rachid.
Más allá de dichos y acontecimientos, en Mariscal Estigarribia (a 250 kilómetros de Bolivia) existe un aeropuerto construido por Estados Unidos para aterrizar aviones B-52 y Galaxys, y preparado para recibir grandes cantidades de tropas y armamentos.
Por: Carmen Moreno. La autora es periodista de Prensa Latina.
Santiago de Chile, 26 de enero 2006
Crónica Digital
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