La mujer, Roxana Vera, fue ayer inmediatamente arrestada por los escoltas de la mandataria, de quienes ya es conocida pues formaba parte del grupo de deudores habitacionales que el sábado pasado intentó llegar hasta la casa de Bachelet.
Sin embargo, pese a la acción policial, la mujer mantuvo un corto diálogo con la gobernante, quien ante las demandas de Vera, sostuvo que «en democracia es preciso respetar».
«Vamos a conversar apenas termine esta actividad, pero ahora déjeme hablar, señora», afirmó Bachelet.
La molestia de la mandataria aumentó por los constantes gritos de la mujer, dirigente de ANDHA Chile (Asociación Nacional de Deudores Habitacionales).
«Yo he hablado con ustedes infinitas veces, así que respetémonos, pero también respetemos a quien está hablando acá», dijo la mandataria, quien participaba en un acto de la localidad de Talagante, en las afueras de esta capital.
Tras el exabrupto, Bachelet continuó con su discurso, pero les dijo a los guardias que «dejen por ahí a la señora que después vamos a hablar con ella».
La ANDHA, que tuvo su origen en el 2000, reclama desde hace años que en virtud de los bajos salarios de la mayoría de las personas que acceden al programa social de viviendas, las cuotas que deben pagar no supere el 10 por ciento de los ingresos familiares.
Dado que el avalúo de las viviendas en promedio no supera los siete millones de pesos (unos 13 mil dólares), piden que la deuda se extinga a los 10 años, puesto que para esa fecha calculan que la vivienda estaría sobradamente pagada.
Demandan además que se le condone la deuda a todas aquellos imposibilitados para pagar, como los ancianos, las mujeres solas y cesantes y los enfermos crónicos, que constituyen un alto porcentaje en ese sector, uno de los más pobres del país.
Los deudores afirman que se supone que el programa es de ayuda a los sectores más necesitados de la población y no un negocio del Estado y las concesionarias privadas a cargo de las construcciones de viviendas.
Alegan que hay deudores que deben pagar un dividendo que va desde 45 mil hasta 120 mil pesos, cuando la inmensa mayoría apenas gana el salario mínimo, está cesante o realiza trabajos esporádicos.
Santiago de Chile, 31 de octubre 2006
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