El gobierno dio el visto bueno el pasado miércoles a una millonaria inversión de la trasnacional canadiense Barrick Gold para extraer cuantiosas reservas de oro, plata y cobre que reposan debajo de tres importantes glaciares de su frontera cordillerana con Argentina.
El denominado proyecto Pascua Lama, que llevaba más de 10 años en estudio, es fuertemente rechazado por organizaciones ambientalistas y sectores políticos y sociales que consideran producirá un desastre ecológico de grandes proporciones en el valle del Huasco.
Pese a que la resolución de la gubernamental Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la III Región condicionó la aprobación a que no fueran tocados los glaciares, sus opositores advierten que igualmente desaparecerán como resultado de la explotación del subsuelo.
Cesar Padilla, encargado de minería y medio ambiente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLGA), afirmó en una entrevista que publica hoy el diario La Tercera, que agotarán todos los mecanismos legales para parar la iniciativa.
Los ecologistas y residentes del valle del Huasco tendrán 30 días a partir de que se notifique formalmente de la resolución a la empresa canadiense para presentar sus reclamos, que deberá resolver el gobierno de Bachelet, cuando se instale en La Moneda a partir del 11 de marzo.
«Si el gobierno cree que con estas restricciones al proyecto resuelve el conflicto, está muy equivocado», afirmó Padilla tras acusar a la Barrick Gold de haber «comprado» a los integrantes de la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco con 60 millones de dólares prometidos.
Según el especialista, el conflicto se agudizará porque seguirán denunciando, tanto en Chile como en el exterior, que el proyecto es técnicamente inviable -porque contaminará las aguas del valle- y econonomicamente insostenible.
«Estamos estudiando las medidas legales y administrativas a seguir. Si el proyecto se llega a realizar, queremos que quede absolutamente claro quiénes son los culpables, y en este caso el principal responsable es el gobierno del presidente Lagos», subrayó.
El Partido Comunista (PC), que en las pasadas elecciones apoyó a la candidata oficialista a cambio de un paquete de compromisos, en los cuales se incluía su defensa del medio ambiente, anunció la víspera que se hará parte de los reclamos ante los tribunales de justicia.
Para los comunistas chilenos la aprobación fue «una decisión determinada por los compromisos con el sistema neoliberal y la subordinación del gobierno del presidente Ricardo Lagos a las presiones de las transnacionales».
Jorge Insunza, miembro de la Comisión Política del PC, declaró a Prensas Latina que la Barrick, donde el padre del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, es uno de sus principales accionista, «tiene una historia negra de estafas y trampas en distintos países».
En el caso de Chile -dijo- «ya robó impuestos de modo grosero» en la mina de oro El Indio, y este caso puede dar lugar a fuertes evasiones tributarias aprovechando el carácter «binacional» del proyecto, por la prevista participación argentina.
En cuanto al tema de Haití, los masivos fraudes descubierto en las recientes elecciones, que pretendían arrebatar el legítimo triunfo del candidato popular René Preval, dejó muy mal parado a Chile, dado su abrumador protagonismo en esta crisis.
Desde la extrema derecha opositora hasta la denominada izquierda extraparlamentaria demandaron con fuerza la retira de las tropas chilenas y el respeto a la independencia y autodeterminación del pueblo haitiano.
Ambos conflictos pondrán a prueba a la próxima presidenta de Chile, quien durante su campaña se comprometió a rechazar el proyecto minero de Pascua Lama y a mejorar las postergadas relaciones de su país con América Latina.
Por: Angel Pino R. El autor es periodista de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 19 de febrero 2006
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