Aunque la propuesta fue originalmente presentada por el ex presidente Ricardo Lagos pocas semanas antes de dejar La Moneda, Bachelet la ratificó y sus ministros hicieron un fuerte lobby entre los legisladores opositores.
La petición necesitaba el voto favorable de 25 senadores, cinco de ellos de la Alianza, pero pese a las gestiones emprendidas por el Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Isidro Solís, y de la secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, esto no se logró.
De los 38 congresistas 21 se mostraron a favor de ratificar al magistrado, 16 lo hicieron en contra y el independiente Carlos Bianchi se abstuvo. Alberto Espina fue el único senador de la Alianza por Chile que se mostró favorable a la nominación.
Aunque los legisladores de la oposición criticaron «las malas calificaciones» de Cerda, una marcada tendencia política y «odiosidades personales» que no lo hacen merecedor de integrar el máximo tribunal de justicia, el motivo fundamental fue dar una señal al gobierno.
Por el contrario, la bancada en la Cámara Alta de la coalición gobernante resaltaron en pleno la valentía del magistrado en tiempos difíciles de la dictadura militar, y que hubiera seguido adelante con su vertical conducta en defensa de los derechos humanos.
Cerda estuvo a punto de ser expulsado de la Corte Suprema en 1986 por encausar al entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y a unos 20 miembros del Comando Conjunto del régimen militar por la desaparición de un grupo de dirigentes comunistas.
En un valiente gesto de profesionalismo, el magistrado se negó a cumplir la orden del máximo tribunal, que le había exigido aplicara la ley de amnistía a los represores, por lo que fue suspendido de su cargo por dos meses y se le rebajó su sueldo a la mitad.
En 1991 estuvo otra vez al borde de la expulsión por el mismo caso, decisión que fue reconsiderada luego que Cerda realizó un ruego ante el máximo tribunal: «Tal vez soy distinto. A lo mejor difícil. A vuestros ojos, probablemente altanero y algo más», dijo entonces.
El juez había comenzado la investigación el año 1983 y logró establecer la existencia del Comando Conjunto. Había procesado a 40 personas, 2 civiles y 38 uniformados, entre ellos el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh.
Su rebeldía en ese y otros casos, en una corte dominada por magistrados identificados con la dictadura militar, le valieron bajas calificaciones profesionales, argumento esgrimido ahora por los legisladores ultras para oponerse a su ascenso.
Pero más allá de la justificación, la Alianza por Chile -que integran la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (R)- había dejado claro que pretendía hacer sentir su relevancia en el Congreso.
El senador Jovino Novoa (UDI) aseveró que «la votación no sólo se refiere a la persona propuesta, sino a la decisión (propuesta) del Ejecutivo, que en su opinión «fue injusta y arbitraria».
El timonel del partido ultraconservador ya se había opuesto antes a la comisión especial designada por Bachelet para analizar cambios en el sistema electoral binominal, uno de sus proyectos más emblemáticos, y advertido de que la oposición de participará de ese grupo de trabajo.
Santiago de Chile, 5 abril 2006
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