El escándalo, que afecta a casi un centenar de familias de víctimas de la dictadura a los que fueron entregados hace más de 15 años restos humanos que no correspondían a sus seres queridos, ha tomado un giro inesperado, que pone a la mandataria chilena en una incómoda posición.
La Moneda se enfrenta a una verdadera escalada de reclamos desde todos los ángulos políticos para que se determine la responsabilidad de los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) por ocultar los errores del Servicio Médico Legal.
Luego de una reunión de emergencia el miércoles con el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y otros integrantes de su equipo, se evaluó que la actual administración debía asentar su carácter de continuidad y contener la arremetida con un fuerte mensaje de unidad.
La voz de alarma la dio la abogada de derechos humanos Pamela Pereira, hija de una de las víctimas mal identificadas y figura de reconocido prestigio en el país, cuando afirmó categóricamente que el presidente Lagos estaba al tanto de los errores.
Pamela dijo habérselo comunicado personalmente al ex gobernante en 2002 y haberle pedido que tomara cartas en el asunto para que fuera aclarada la situación y les exigiera responsabilidades a las autoridades que estaban ocultando la información.
«No hay que presuponer que alguien haya actuado con mala fe o con la intención de ocultar la verdad», señaló la víspera Bachelet en una declaración escrita leída a la prensa en el Palacio de La Moneda, en un encuentro no planificado y donde se negó a aceptar preguntas.
En el tema de fondo, la Jefa de Estado enfatizó que desde la recuperación de la democracia «todos» los gobiernos de la Concertación se han comprometido sistemáticamente con la búsqueda de la verdad y de la justicia, y que eso está fuera de discusión.
«No hay que perder el norte», advirtió, al afirmar que los esfuerzos deben orientarse ahora a mitigar el dolor de los familiares y a disponer de todos los recursos científicos que puedan existir para avanzar en la identidad de los detenidos desaparecidos.
Tras hacer un llamado a la calma y la mesura, subrayó que «el drama enfrentado en estos años es la herencia de una dictadura donde hubo silencio, tortura, ocultamiento de la información y atropello a los derechos humanos».
Bachelet recordó que aún quedan desaparecidos (más de mil 200), y que como Presidenta «me hago cargo de esta herida abierta». Dijo que la tarea la va a enfrentar con voluntad y decisión, y que hará todo lo que esté a su alcance para avanzar en más verdad y más justicia.
Frente la férrea defensa de La Moneda, han surgido voces de figuras consideradas cercanas al gobierno alertando de las nefastas consecuencias que tiene para la sociedad en circunstancias como esta no asumir la responsabilidad política que corresponda.
Pereira, de militancia socialista al igual que Lagos y Bachelet, aseguró que «aún faltan capítulos por conocer» y tiene la impresión que la Presidenta los desconoce. «Con sorpresa escuché la postura que asume hoy (…) y me gustaría que accediera a toda la información», dijo.
Patricio Navia, un analista político cercano a la coalición de gobierno, advirtió también a la mandataria que debía asumir «una posición inequívoca» frente al escándalo que representa haber ocultado por años a la opinión pública la verdad de lo sucedido.
«Porque las implicaciones judiciales, políticas e históricas de este ocultamiento constituyen una mancha indeleble en la hoja de vida concertacionista, el gobierno debe asumir las responsabilidades políticas caiga quien caiga y cueste lo que cueste», afirmó.
Santiago de Chile, 28 de abril 2006
Prensa Latina , 0, 118, 3
