El fallo de la Corte Suprema la víspera no pude ser más inoportuno: al inicio de la segunda y decisiva ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio con Japón y a tres días del primer informe a la Nación de la mandataria chilena.
La liberación del ex gobernante (1990-2000) tras varios intentos fallidos de los abogados de la defensa causó un terremoto mediático, tanto en Perú -a pocas semanas de la segunda vuelta electoral-, como en Chile, en víspera del esperado mensaje presidencial.
Aunque tanto en Lima como Santiago traten de restar dramatismo colocando el hecho en el ámbito puramente judicial, lo cierto es que un eventual ingreso del controvertido político en la sede diplomática asiática pondría las relaciones entre los tres países en crisis.
Fujimori posee, además de la peruana, nacionalidad japonesa y al gobierno de la nación asiática le sería muy difícil negarle refugio, aún cuando Chile es su principal socio comercial en Sudamérica.
Para La Moneda, también sería una tremenda complicación pues Japón es el segundo destino de las exportaciones chilenas después de Estados Unidos y la firma de un TLC es una de las principales prioridades del gobierno de Bachelet en términos políticos y comerciales.
Bachelet destacó ayer que la libertad del ex mandatario peruano fue una decisión de la Corte Suprema y que el gobierno no tiene ninguna relación con esa medida judicial.
«Es necesario aclarar y dejar muy claro que esta es una decisión de la Corte Suprema. El Gobierno de Chile no tiene ninguna relación en la decisión y no opina de los fallos de la justicia, que es un poder independiente del Estado», afirmó la gobernante.
Sin embargo, pese a que Fujimori tiene una prohibición de abandonar el país, autoridades de peruanas temen que aproveche su estadía en Santiago para asilarse en la embajada nipona, gracias a su doble nacionalidad.
La alerta la dio el embajador de Perú en Chile, José Antonio Meier, quien se reunió ayer por más de media hora con el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, en un ambiente que se reveló tenso.
En declaraciones luego a medios locales, dijo que las relaciones entre Perú y Japón podrían verse dañadas en caso de producirse el asilo de Fujimori y fue enfático en señalar que este tema debe quedar en el plano bilateral.
«Japón no puede tener parte en este proceso», recalcó Meier tras aclarar que el Presidente Alejandro Toledo le trasmitió su preocupación al gobierno chileno por la eventual fuga del ex gobernante.
En tanto, el jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría peruana, Iván Montoya, advirtió también que existe el riesgo de que Fujimori se refugie en la embajada de Japón haciendo uso del pasaporte que posee de esa nacionalidad.
También el abogado que representa al Estado peruano en el juicio de extradición, Alfredo Etcheberry, lamentó que el máximo tribunal haya resuelto en beneficio al ex mandatario porque -señaló- «aumenta las probabilidades de fuga».
Fujimori fue detenido el 7 de noviembre del año pasado, tras llegar sorpresivamente al país, pese a que existía una orden de captura internacional en su contra.
A pocas horas de su arribo fue detenido con fines de extradición a pedido de las autoridades peruanas, que presentaron luego 12 cargos por corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. El proceso puede tardar aún varios meses antes de que se produzca un fallo.
Santiago de Chile, 19 de mayo 2006
Crónica Digital , 0, 67, 3
