‘El profesional indicó que la decisión de la Cámara de Diputados, que realizará una sesión especial para analizar los impactos de la salmonicultura y el cumplimiento de las leyes laborales y ambientales, es la tardía pero necesaria reacción del mundo político frente a denuncias que diversas organizaciones sociales, equipos de investigación y agrupaciones sindicales vienen realizando hace mucho.
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Frente al llamado de algunos diputados de oposición a ser responsables y serios respecto a los dichos en contra de la industria salmonera, Oceana aclara que justamente lo responsable y serio es hablar con bases científicas y no haciendo defensas corporativas».
Gutiérrez explicó que la actividad salmonera ha sido tremendamente perjudicial para la Décima Región, al hacerla una zona monoproductora (más del 80% de sus exportaciones son sólo salmón), altamente intensiva en la explotación del recurso hídrico, y tremendamente dependiente de los vaivenes de la economía internacional ya que el 98% de la producción nacional de salmón tiene como destino los mercados internacionales.
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Además, la industria salmonera ha sido acusada de utilizar antibióticos en abundancia, contribuyendo a acelerar la resistencia de las bacterias ante estos medicamentos; utiliza verde malaquita que es un funguicida peligroso para la salud; pintura antifouling que produce graves daños a la fauna y al ecosistema; colorante para anaranjar aún más los salmones según el gusto del consumidor; también contribuye al fenómeno de las mareas rojas; y degrada los recursos hidrológicos del país, debido a la sobrecarga de nutrientes que produce esta industria, como el fósforo y el nitrógeno, dijo Gutiérrez.
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En cuanto a los riesgos para la salud humana, el economista de Oceana explicó que el salmón puede contener importantes porciones de dioxinas, PCBs, dieldrin, nonacloro, DDT y mirex, lo que llevó a un grupo de científicos de las universidades de Indiana, Albany y Cornell a sugerir que se limite significativamente el consumo de este producto.
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Para Oceana, la expansión desmedida de la salmonicultura implica un perjuicio social, puesto que esta actividad tiene un plan de inversiones estimado en 800 millones de dólares, para expandirse en la región de Aysén, con la pretensión de que esta zona aporte el 50% de la producción nacional del salmón en sólo 8 años.
Este crecimiento acelerado, sin investigaciones científicas serias ni una normativa sólida que lo regule, puede tener consecuencias nefastas para los delicados ecosistemas de Aysén, y desde la óptica de la sustentabilidad no se enmarcan en la dinámica regional de desarrollo sostenible. A esto se suma que el Estado chileno aún no cuenta con los mecanismos institucionales, ni los recursos físicos y humanos para una correcta fiscalización, ni para controlar, monitorear y estudiar adecuadamente a esta actividad económica, finalizó Gutiérrez.
Santiago de Chile, 28 de junio 2006
Crónica Digital
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