No me parece que los diputados deban tener el privilegio de más días no legislativos, distritales o de vacaciones que el común de los funcionarios públicos; estas diferencias desprestigian, desmoralizan y demuestran porqué el legislativo y el judicial constituyen los dos poderes más rechazados por la opinión pública.
Aún cuando muchos de los colegas no lo crean, la opinión pública nos está controlando y la mayoría está convencida de que trabajamos muy poco y con muchas deficiencias. Conceder largas semanas fuera del Congreso o posibles vacaciones sólo sirve para agregar argumentos a aquellos personajes de mentalidad autoritaria y dictatorial que quieren reemplazar el parlamento por algún falso Mesías o líder plebiscitario.
Así ocurrió en los años 20 del siglo pasado, cuando el poeta Vicente Huidobro, que coqueteaba con los militares, sostenía que en el Congreso se servía muy rico té y se aprobaban pésimas leyes; así como por su parte el historiador Alberto Edwards, el último de los pelucones, despreciaba tanto a la Cámara de Diputados que no aceptó ser candidato, pues quería estar entre los paleadores y no entre los apaleados; demás está decir que este insigne historiador fue ministro del dictador Carlos Ibáñez.
En función de lo anterior es que actualmente hay que tener mucho más cuidado, pues el Parlamento tiene menos facultades que en esa época y los movimientos sociales adormecidos durante la dictadura y en los primeros períodos de la Concertación, comienzan a despertar en la lucha por sus derechos y en las exigencias mínimas de dignidad y valoración de su poder soberano, lo que me parece muy bien, pero exige del Parlamento abandonar los malos hábitos de la flojera, la lentitud para legislar y la poca seriedad para estudiar los proyectos de ley. Ya no podemos darnos el lujo de comisiones fiscalizadoras complacientes con el abuso de poder, en fin, empieza a disiparse el peso de la noche portaliano.
No me limito sólo a criticar la desidia parlamentaria, sino que también, con algunos colegas diputados hemos propuesto soluciones a algunos de estos problemas: por ejemplo, que todos los mandatos que surjan de la voluntad popular puedan ser revocados por los mismos electores, cuando sus mandatarios no cumplan, a cabalidad, su función; limitar la reelección de los diputados a máximo dos períodos, para evitar la perpetuación en el cargo; que la Cámara informe, periódicamente, a la opinión pública sobre el registro de contrataciones realizadas por los parlamentarios con los recursos destinados a esos fines; que se realice una auditoría externa al Congreso, así como que se construya una web con un mapamundi para saber a cualquier hora del día, el lugar donde se encuentra su diputado así como el pretexto de su viaje, así como se descuente de su sueldo las inasistencias e, incluso, se les multe.
Como se evalúa a todos los funcionarios públicos, los parlamentarios deben ser evaluados. No me parece un buen argumento que sean evaluados cada cuatro años por la soberanía popular, cuando todos sabemos que el sistema binominal es hijo del autoritarismo y falsea la expresión de la soberanía del pueblo. Por lo demás, las oligarquías partidarias se reproducen sin ningún control.
Por: Marco Enríquez-Ominami Diputado socialista por el Distrito 10.
Valparaíso, 7 de octubre 2006
Crónica Digital
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