La crisis estalló cuando el consorcio internacional integrado por la alemana Hochtief, la francesa Vinci Construction Grands Projects, la norteamericana American Bridge y las chilenas Besalco y Tecsa, anunció la pasada semana que la obra costaría 70 por ciento más de lo acordado.
El ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, sobre quien concentran ahora el fuego inversionistas extranjeros y sectores políticos interesados dentro y fuera del gobierno, afirmó que se enteró del costo del proyecto el 31 de julio último por la prensa.
«Recibí la información dos horas antes de que me llegara el estudio. Tuve que salir y reaccionar a lo que ya era un hecho consumado: que la concesión estaba terminada», explicó al defender su decisión de cancelar la construcción del gigantesco viaducto.
Los 932 millones que la concesionaria dice ahora que cuesta la obra, más del doble de lo fijado en el contrato inicial, equivalen a la construcción de 12 hospitales de excelencia, 170 mil viviendas, y dos mil kilómetros de carreteras de dos pistas, según Bitrán.
Pero la decisión, más allá de poner fin al sueño de los chiloenses y echar por tierra el proyecto estrella del ex presidente Ricardo Lagos para celebrar el Bicentenario (2010), parece fue la gota que colmó el vaso para el poderoso sector empresarial.
Desde su arribo al Ministerio de Obras Públicas (MOP), famoso por las controversias en conflictos de intereses y denuncias de corrupción durante el gobierno de Lagos, Bitrán anunció su intención de revisar todos los proyectos y proponer cambios a la Ley de Concesiones.
Su espíritu «revisionista» no fue del agrado de inversionistas extranjeros que, alertados, desarrollaron un intenso lobby con los alcaldes de Chiloé y dirigentes políticos de la región en busca de apoyo para salvar el proyecto, reveló la víspera el diario La Nación.
El alcalde de Chiloé, Pablo Ossio, uno de los más férreos defensores del puente sobre el canal de Chacao, admitió que funcionarios de la empresa concesionaria lo visitaron dos veces para recalcar la importancia de la propuesta, la última hace 15 días.
«Vino Ricardo Heinrich, gerente general. Dijo que el puente iba a tener un costo mayor debido al aumento del precio del acero. Y proponían como solución prolongar el tiempo de concesión para hacerlo rentable y reducir una vía», explicó el edil.
Sin embargo, el titular del MOP ha dicho que se reunió con la concesionaria un mes antes de que se conociera el estudio, y «no me dijeron nada de que podía costar un 70 por ciento más de lo acordado».
Camilo Escalona, senador de la X Región y presidente del Partido Socialista (PS), cuenta que la empresa concesionaria tuvo una «activa presencia en la zona» en las semanas previas a la presentación del presupuesto, con una amplia labor de agitación y propaganda.
Mientras, fuentes allegadas al MOP señalaron que las relaciones de esa cartera con la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, que tiene inversiones por cerca de ocho mil millones de dólares en Chile, están «absolutamente quebradas».
Agregaron que Herman Chadwick, presidente del poderoso ente privado, junto a empresas como Sacyr Vallehermoso y el grupo vinculado al puente del canal de Chacao, lideran una ofensiva contra Bitrán para que sea removido del puesto.
En esta lucha, que ha puesto al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en una nueva crisis, Bitrán cuenta con la oposición de la Democracia Cristiana (DC), pero ha recibido el respaldo del denominado sector progresista de la coalición oficialista.
Santiago de Chile, 7 de agosto 2006
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