El especialista en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, sostiene que “la diferencia entre el costo de operación y el peaje no puede ser tan grande como la que existe actualmente, que va desde un 17% hasta un 300% en algunas autopistas”. Con respecto a la renovación de las concesiones de carreteras que establece el plan del Ministerio de Obras Públicas para los años 2018-2022, el experto afirma que es esencial que el próximo Gobierno también tenga en consideración los intereses de los usuarios a la hora de negociar con las concesionarias, especialmente por tratarse de un rubro que muchas veces opera como un “monopolio natural”.
El Plan Quinquenal 2018-2022 que dio a conocer esta semana el Ministerio de Obras Públicas (MOP) incorpora la evaluación de 12 renovaciones de contratos de concesión, entre los cuales se encuentran varios tramos de la Ruta 5 (Carretera Panamericana), la 68 (Camino a Valparaíso) y la 78 (Autopista del Sol).
Para el experto en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, este proceso representa una oportunidad para que el próximo Gobierno exija que el incremento de las tarifas no sea tan grande como ha sido en los últimos años.
“La diferencia entre el costo de operación y el retorno no puede ser tan grande como el que existe actualmente, que va desde un 17% hasta un 300% en algunas autopistas. En un monopolio natural, como en el caso de las empresas de suministro eléctrico, la rentabilidad está fijada dentro del mismo contrato de concesión y se mantiene entre un 7% u 8%”, sostiene el especialista del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal.
A su juicio, las concesionarias de las carreteras operan como monopolios naturales ya que el usuario, cuando ocupa una autopista, no tiene una alternativa que le permita escoger cuál cobra menos. Por lo tanto, considera urgente que el incremento tarifario se calcule estrictamente en base al costo de operación para la autopista.
“En algunas autopistas, como la Costanera Norte, la diferencia entre el costo y la tarifa es de 170%, y en la Ruta 78 hacia San Antonio cobran hasta tres veces más de lo que les cuesta operar. Hay que tomar en consideración esos elementos al momento de evaluar los proyectos. La seguridad vial es relevante, pero también lo que pagan los usuarios”, afirma.
El académico advierte que el principal desafío que tienen actualmente las autoridades es que no hay una estimación sobre cuánto le cuesta funcionar a una concesionaria. “Es importante saber cuánto le cuesta operar a la autopista por cada vehículo, para que la tarifa tenga relación con dicho costo”, señala.
“La tarea del próximo Gobierno es incorporar el punto de vista del usuario y cómo se va a calcular el incremento de la tarifa año a año, además de establecer la manera en que se evaluarán esos proyectos y bajo qué costo”, concluye.
Santiago de Chile, 8 de marzo 2018
Crónica Digital
