Al constatarse la grave situación que viven las comunidades debido a la disputa territorial y haberse identificaron casos que constituyen violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, la Iglesia Católica recomienda que en dicha región se reconozca la existencia de una crisis humanitaria y se implemente un plan integral de emergencia que garantice la vida y el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la gente.
El informe publicado por la Pastoral Social de Colombia reveló que las organizaciones sociales y comunitarias han sido fuertemente golpeadas y les han vulnerado sus derechos tras continuas amenazas y asesinatos selectivos de líderes políticos, sociales e indígenas, que «por lo regular resultan señalados como auxiliadores o simpatizantes de uno u otro bando».
El texto indica también que los civiles son atacados, amenazados y sometidos a confinamientos o desplazados y en muy pocos casos encuentran justicia.
Según otras informaciones, los habitantes del Valle del Guamuéz, Orito, Puerto Asís y Puerto Caicedo han sido testigos del desplazamiento forzado de más de 7 mil 200 familias en los últimos tres años, la voladura de torres de energía y la destrucción de pozos petroleros y tramos del oleoducto trasandino.
El Secretariado Nacional de la Pastoral Social y la Diócesis de Mocoa revelan que el departamento es codiciado por los grupos alzados en armas por su ubicación fronteriza, los recursos naturales y la alta producción de cultivos de uso ilícito.
Bogota, 10 de junio 2006
Crónica Digital/ACI , 0, 86, 11
