Nadie se extrañó tampoco en el momento que llegó desde el mar una embarcación contratada por la transnacional Celco, causante de la gran mortandad de cisnes en el Santuario de la Naturaleza, para realizar las mediciones tendientes a validar el ducto de desechos tóxicos al mar, gestión apoyada por la Armada de Chile. No es que hayamos perdido la capacidad de asombro, a nadie le causó sorpresa porque en nuestro país nos hemos acostumbrado desde hace algún tiempo a una política de gobierno donde los intereses económicos encabezan las prioridades de la agenda y donde un puñado de empresarios oportunistas, que han comulgado con el principio del lucro y la acumulación, se ha adueñado del país.
El 9 de agosto se conmemoró el Día Mundial de las Poblaciones Indígenas. En ningún caso podemos hablar de celebración, se trata de un día para reflexionar y evaluar nuestro grado de compromiso con nuestros pueblos originarios. No cabe duda que nuestras comunidades indígenas corresponden a uno de los segmentos más lacerados de nuestra población. Un pueblo sometido a una política de exterminio y apropiación, de menoscabo y humillación.
Este es el caso de las comunidades Lafkenches, los Mapuches de la costa. Cuando hablamos de Identidad Territorial Lafkenche nos referimos a una cultura, sus tradiciones ancestrales y sus derechos consuetudinarios asociados al territorio que históricamente han ocupado. Esta vinculación al espacio trasciende la sola ocupación del lugar geográfico, que es sólo un componente dentro de los complejos niveles de asociación con el territorio y su entorno.
Angelini y sus secuaces han intentado acallar las demandas de aquellos usuarios, tanto pecadores artesanales como comunidades indígenas, que ven amenazadas sus fuentes laborales debido a la alteración de los sectores costeros con las porquerías vertidas por la celulosa. Como es habitual, no ha faltado el inescrupuloso que le puesto precio a la vida de los mares y a su fuente de trabajo. Sin embargo, esto en lugar de desarticular el movimiento de quienes se oponen incondicionalmente al ducto, lo fortalece y engrandece.
Lo más grave es que a pesar de los fundados antecedentes para oponerse al ducto, la autoridad validó la toma de mediciones en Mehuín, paso previo para la elaboración del estudio de impacto ambiental y la definitiva concreción del proyecto. La autoridad se ha mostrado rastrera y complaciente con la transnacional al brindarle protección terrestre y marítima para hacer efectivas sus mediciones. De hecho, con anterioridad a la llegada del contingente policial, la Armada y el corte generalizado de luz, los pescadores acusaron seguimientos, amenazas e intervención de teléfonos. Esta es la maquinaria represora del gobierno que inevitablemente nos hace retroceder un par de décadas para impregnarnos nuevamente con esa nauseabunda política represiva que caracterizó a la dictadura militar.
El grupo Angelini nuevamente ha dado muestras de su repugnante proceder y de cómo estas prácticas son avaladas por el gobierno. El poder económico nuevamente define las prioridades de la autoridad, por sobre cualquier consecuencia social y/o ambiental.
Existen otras actividades que también alteran el espacio vital de los Lafkenches. Las comunidades de Toltén deben soportar que el gobierno decida construir a través de sus territorios un tramo de la ruta costera, sin considerar sus derechos históricos de ocupación. Obviamente este proyecto involucra la expropiación de tierras y alteración de sitios cultural y religiosamente importantes para los Lafkenches, todo bajo el recurrente discurso de desarrollo y modernidad que en definitiva sólo ha provocado beneficio para unos pocos, contaminación y pérdida de territorio.
Las concesiones acuícolas son otras actividades con repercusiones directas en los sectores costeros ocupados por los Mapuches de la costa. Este es el caso de la comunidad Newentuain Pu Peñi, en una localidad de la VIII Región. Los afectados han perdido el acceso al río como consecuencia de la concesión de 340 ha a un sindicato de buzos y mariscadores para el cultivo del pelillo. De esta manera, al impedirse el acceso al río y uso de las riberas el pescador se ve obligado a cancelar un tributo de 120 mil pesos anuales para poder tener acceso a través de los sitios concesionados.
La integración de las comunidades indígenas sólo considera los aspectos administrativos, legales y represivos, ya que la posibilidad de una incorporación justa y equitativa a las actividades productivas asoma sólo en forma previa a las campañas electorales. Existen denuncias que los indígenas no pueden acceder a los mismos cargos que el común de los chilenos y en muchos casos las mismas actividades son remuneradas en forma diferenciada, donde evidentemente quien resulta perjudicado es el indígena.
Al parecer la similitud entre indígena e indigente no es sólo casual, ya que muchas de estas comunidades en nuestro país están consideradas dentro de las más pobres y necesitadas.
Existen estimaciones que indican que la población indígena de nuestro país ascendería a un total cercano al millón de personas, una multitud mancillada que podría transformarse en una bomba de tiempo, una amenaza potencial para la estabilidad del gobierno. Bachelet señaló hace poco que necesita un equipo de trabajo que se anticipe a los problemas, esperamos que la realidad de las comunidades indígenas se encuentre catalogada como un problema, porque de otro modo el movimiento indígena en cualquier momento puede explotar, llegando a niveles tales de magnificencia como sólo se han visto a través del extraordinario movimiento secundario.
Por: Juan José Valenzuela, biólogo marino de Oceana.
Santiago de Chile, 18 de agosto 2006
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