El ex presidente del magisterio Jorge Pavez, el tesorero Darío Vásquez y el director nacional Gustavo Méndez, cuestionaron duramente los alcances del acuerdo educacional entre el Gobierno, la Concertación y la derecha. Al respecto, anunciaron la voluntad de movilizarse junto a los profesores y a todos los sectores que estén por restituir el espíritu original y las demandas de la revolución pingüina del año pasado.
Pavez indicó que «lo que se está informando al país y la imagen que se está dando no guarda relación con los contenidos del acuerdo. Vimos ayer a los máximos representantes políticos de nuestro país levantando sus brazos y anunciando que se recogía la demanda de cambio proveniente de la sociedad y, en especial, de los jóvenes. Sin embargo, el acuerdo no sólo es cosmético, sino que además consagra cuestiones que nosotros rechazamos absolutamente».
El dirigente agregó que «nosotros y los estudiantes hemos exigido que se fortalezca y se priorice la educación pública y supuestamente este acuerdo lo recoge, pero como un sistema mixto, sin distinción entre la educación pública real, que atiende a todos los alumnos en igualdad de condiciones, y la particular subvencionada. Se quiere dar legitimidad histórica al lucro, cuestión que nunca antes había existido».
A juicio de Pavez, «hay que decir responsablemente que con esto se oculta la verdad y se miente al país. La educación pública fue siempre la educación del Estado y los recursos de todos los chilenos siempre fueron destinados fundamentalmente a ella. Y que después de todos los anuncios respecto al lucro, finalmente ni siquiera fue tocado en el acuerdo».
En tanto, el tesorero del gremio docente, Darío Vásquez, afirmó que «en principio valoramos la idea de crear una superintendencia, pero es grave que se haga sin modificar el mismo sistema de financiamiento vía subvención por alumno. Esto significa en la práctica que la educación pública estatal que atiende a los sectores más vulnerables, tiene que asegurar la misma calidad de la educación con menores recursos. Mientras, han mantenido el financiamiento compartido para los particulares subvencionados, los que seguirán al mismo tiempo recibiendo el incremento de recursos para subvención estatal por alumno».
Vásquez también denunció que «se quiere distraer a la ciudadanía respecto a que se está aceptando la discriminación por nivel socioeconómico hasta 6º básico, y cualquier tipo de discriminación, especialmente la académica, desde 7º en adelante. Esto lo permite una redacción ambigua en la que se habla de asegurar procesos de admisión transparentes, objetivos y que no discriminen arbitrariamente».
Al respecto, Pavez afirmó que «este acuerdo consagra la discriminación y la estratificación del sistema y por lo tanto la inequidad».
Los dirigentes también cuestionaron que «no se diga nada respecto a la institucionalidad y que se mantenga la municipalización. Realmente debemos preguntarnos qué intereses están detrás de estos acuerdos, porque aquí no se ha escuchado en absoluto el clamor de los jóvenes ni el de la sociedad».
Santiago de Chile, 14 de noviembre 2007
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