Pobreza y discapacidad son realidades que mutuamente se alimentan, por lo cual su intervención debe considerar todos los ámbitos de la vida que a cualquier persona involucra.
Según un estudio del impacto de la exclusión, en los próximos 30 años el número de personas con discapacidad en los países en desarrollo aumentará en un 120%, contra un 40% en los países desarrollados. Todo apunta a definir que la pobreza genera discapacidad y la discapacidad aumenta los riesgos de caer en pobreza. De acuerdo con la ONU, el 82% de las personas con discapacidad en el mundo viven por debajo del índice de pobreza en los países en desarrollo.
Ser discapacitado es no ser ciudadano, me decía Juan Cerda, un poeta y comunicador social excepcional durante esta semana. Este es su sentimiento que comparto. Personalmente cada vez que me entrevisto con personas, agrupaciones u organizaciones que dicen trabajar por superar la pobreza, les pregunto: ¿Y donde están los discapacitados en tu trabajo?, cuando me dicen que no lo están les respondo: entonces no estás trabajando por la pobreza.
Es simple. La relación entre pobreza, discapacidad y exclusión social es evidente. Sin embargo, es poco común encontrar ejercicios de trabajo y reflexión sistemáticos sobre el tema, principalmente en idiomas diferentes del inglés. Aunque las causas y las consecuencias de la discapacidad se exacerban cuando la pobreza está presente, la discapacidad se considera un tema que sólo compete a los «especialistas» y no a la sociedad en su conjunto., lo que se evidencia con la escasa red social existente.
Así también permanece fuera de debate, la manera en que la discapacidad agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres, personas con SIDA, niños y niñas en situación de calle, adultos mayores, jóvenes, adictos, pueblos indígenas y víctimas de tráfico de personas, entre otros grupos. Por ejemplo un ciudadano mapuche en nuestro país tiene altas posibilidades de tener o adquirir discapacidad.
Lo anterior nos demuestra que la discapacidad debe estar presente en todas las áreas de trabajo y en toda propuesta política, de lo contrario representa un «grave error de omisión y un pecado consciente». Un problema nacional más grande que deja claramente entrever por estos días la carrera presidencial en Chile, donde se ha borrado del debate a las personas con discapacidad, 2 millones y medio de personas que pueden darle un giro importante a los resultados electorales en cualquier momento.
El calendario internacional propone hacia fines de cada año y con sólo una semana de distancia, dos fechas fundamentales y muy interrelacionadas: el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) y el de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Aún en las comunidades más desarrolladas socioeconómicamente existen grupos más vulnerables. Ellos son sin duda, las personas con capacidades diferentes.
El de por si complejo problema de la exclusión parece intensificarse para las personas con discapacidad y sus familias. Las oportunidades educativas y de salud son más limitadas, por justificaciones del entorno social y de infraestructura inadecuada; las dificultades de acceso al empleo se ven permeadas por la discriminación social y a su vez por la baja escolaridad y calificación alcanzadas, configurándose de este modo la pobreza, como un circulo duro de romper.
Una cantidad impresionante de familias, en cuyo seno vive una o más personas con discapacidad, ven sobrecargadas sus funciones, generando grandes trastornos de salud mental, dada a la desprotección sistemática a la cual se encuentran sujetas y la desesperanza aprendida en muchas de ellas. Sistemático también es el desconocimiento del contexto más amplio en que esta realidad debe ser situada, por parte de quienes articulan las intervenciones, trabajadores sociales, psicólogos, políticos, periodistas y abogados, entre otros.
Es necesario que la discapacidad se redimensione como parte de la diversidad humana y no como una condición objeto de subestimación, discriminación, marginación y exclusión permanente, que es lo que hoy domina en la práctica, en los entornos políticos y socioculturales. Aunque reconozcamos avances en los paradigmas, que ya han sido reflejados en la normativa nacional de muchos países, en Chile las personas con discapacidad siguen siendo víctimas de una profunda discriminación, exclusión y pobreza.
Por: Alejandro Hernández es Director de la Fundación Nacional de Discapacitados, Dirigente Sindical y activista por los Derechos Humanos. mail: director@fnd.cl
Santiago de Chile, 27 de noviembre 2005
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