La disposición, que incluye además la intervención de todos sus teléfonos, busca frustrar cualquier intento de fuga, luego de que la procesaron el lunes por evasión de impuestos y falsificación de pasaportes junto al resto de su familia.
Cerda, a cargo de investigar las millonarias cuentas que el ex gobernante Augusto Pinochet Ugarte mantuvo en el extranjero, dispuso el lunes la detención de la esposa, Lucia Hiriart, sus cinco hijos, la nuera, dos de sus colabores y una ex funcionaria del Registro Civil.
En tanto, la policía civil informó anoche que Lucia Pinochet Hiriart, huyó del país el domingo, vía el Paso Los Libertadores, hacia Argentina, un día antes de que se le notificara del procesamiento que el juez dictó en su contra.
Según Investigaciones, la hija mayor del ex dictador chileno, salió de Chile en un vehículo placa VV 86-36, acompañada de su hijo Rodrigo García, quien regresó ayer al país, en el mismo automóvil.
La Corte de Apelaciones de Santiago decidió el martes concederle libertad bajo fianza a todos, a excepción de la mayor de las hijas, declarada en rebeldía, después que la Policía de Investigaciones no pudo localizarla para notificarla del fallo.
Las diferencias entre una orden de detención y una de captura radica en que ésta última otorga mayores facultades a los policías, a fin de conseguir el arresto de un requerido por los tribunales de Justicia.
Lucía Hiriart y sus hijos Jacqueline, María Verónica, Marco Antonio, además de la esposa de éste, María Soledad Olave, así como los ex asesores Mónica Ananías y Oscar Aitken los acusan como autores de declaraciones maliciosamente incompletas u omisión de sus rentas.
En tanto, todos los hermanos, a excepción de Marco Antonio, los encausaron por uso y falsificación de pasaportes, al igual que la jefa de Pasaportes y Extranjería entre 1982 y 1990 del Servicio de Registro Civil e Identificación Erika Stemann Parrao.
Marco Antonio, quien ya había sido procesado en agosto pasado junto a su madre por cómplices en delitos fiscales cometidos por su padre, declaró hoy que la familia es objeto de persecución como parte de «una venganza política».
Respecto a su hermana Lucía, señaló no saber donde está, aunque ayer había dicho que se encontraba fuera de Santiago. «No sé mi hermana donde está, pero espero que esté en un lugar donde no sea perseguida políticamente», subrayó.
El hijo menor del clan Pinochet alegó nuevamente que ni él ni su familia han tenido la posibilidad de defenderse.
Mientras tanto, la abogada querellante en la Caso Riggs, Carmen Hertz, precisó que la fortuna del ex dictador debe volver al fisco, porque es propiedad de todos los chilenos.
La jurista afirmó que los ilícitos cometidos por Pinochet, «dan cuenta de que hubo una asociación en su entorno», y aseveró que las evidencias que se acumulan en contra de la familia del ex jefe militar, «hicieron este procesamiento inevitable».
«Creo que hay muchos otras personas involucradas en la malversación de caudales públicos, entre ellos, jefes de la llamada Casa Militar, que eran funcionarios de Pinochet que funcionaban en La Moneda», aseguró Hertz.
Señaló que «en su momento ellos (los jefes de la Casa Militar) también van a ser sometidos a procesos».
La abogada explicó que «los delitos descubiertos no son posibles hacerlos por si solo, sino que necesitó de una red para perpetrarlos».
De acuerdo con la investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII), a Lucía Pinochet Hiriart se le calcula una evasión cercana a un millón de dólares, a Marco Antonio 240 mil (de 1999 a 2004), y a Jacqueline 47 mil.
La esposa del general en retiro tendría una evasión de 447 millones de pesos (unos 843 mil dólares).
Santiago de Chile, 25 de enero 2006
Crónica Digital/PL , 0, 63, 3
