Si alguna duda había, el almirante Rodolfo Codina, jefe de la Armada chilena, y el propio canciller, Alejandro Foxley, lo dejaron claro: las «restricciones» a la ayuda militar que aplicaría Washington de ser ratificado en Chile la jurisdicción del TPI.
Para el país sudamericano, envuelto en una millonaria modernización militar, la alianza con Estados Unidos resulta un objetivo estratégico.
De ahí que el almirante Codina reconociera el tema como un asunto «que indudablemente es importante y sensible» y se maneja a nivel político por el gobierno.
Ciertas voces del oficialismo temen que las recientes fragatas adquiridas por la Armada, algunas de las cuales están en pleno proceso de equipamiento, podrían verse perjudicadas, pues gran parte de sus sistemas y armamentos proceden de Estados Unidos.
Un efecto similar podría tener en futuros sistemas que desee incorporar la Fuerza Aérea, con su formidable flota de combate, la más potente de América Latina, integrada por 28 modernos cazas F-16, de fabricación norteamericana.
En Estados Unidos existe una ley que impiden la cooperación militar y el intercambio de información de seguridad con naciones adheridas al TPI, también conocido como el Estatuto de Roma, que penaliza internacionalmente los crímenes de lesa humanidad.
La norma, denominada Aspa (American Servicemembers Protection Act), busca impedir las acciones de la corte internacional sobre los cientos de miles de efectivos militares y agentes de inteligencia norteamericanos desplegados por el mundo.
Esta ley faculta al Presidente estadounidense a usar «todos los medios» necesarios para liberar a ciudadanos de su país arrestados por orden de ese tribunal en cualquier lugar del mundo, no importa la magnitud del crimen que hayan cometido.
A eso se suman los férreos controles que ejercen las autoridades para supervisar el traspaso de tecnología, asociada a armamentos de fabricación norteamericana, a otros países. Incluso puede impedir que sistemas de segunda mano sean transferidos a terceros.
Los análisis de gobierno estiman que, de ratificarse el TPI, las eventuales «restricciones» podrían afectar aspectos de capacitación y transferencia tecnológica en Defensa. En el Ejecutivo dicen que esos dos puntos están ligados a la compra de todo sistema o armamento.
La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo ayer estar confiada en que «se va a poder buscar una fórmula para que a nosotros no nos afecte».
Explicó, además, que en algunos países adheridos al TPI, como Brasil, las restricciones norteamericanas no tuvieron «mayor efecto».
Según afirman analistas, una de las alternativas que baraja La Moneda es que Estados Unidos le conceda a Chile la calidad de «aliado» de la OTAN, que indirectamente reconoce la inmunidad penal de las tropas norteamericanas.
Otra sería que el presidente George W. Bush suspenda la restricción y justifique la medida ante el Congreso, por un interés nacional.
La tercera -la más resistida en Chile- es que se firme un acuerdo bilateral en el que se les reconozca inmunidad penal a militares de ese país.
A la espera precisamente de las señales de la Casa Blanca sobre alguna de estas posibilidades fue que el ex presidente Ricardo Lagos primero, y ahora Michelle Bachelet, decidieron frenar la tramitación de la reforma constitucional que le concede autoridad al tribunal.
«Nosotros vamos a esperar en un plazo prudente que se decante esa discusión y sobre la base de eso reactivar la discusión del TPI», admitió ayer el canciller chileno.
Foxley dijo que Bachelet está absolutamente comprometida con que Chile sea parte integral del Tratado de Roma.
Un total de 11 países latinaomericanos, incluyendo Brasil y Bolivia, están sufriendo los «castigos» de Washington por adherirse a las casi cien naciones que integran el tratado internacional.
Por: Angel Pino Rodríguez. El autor es corresponsal en Chile de Prensa Latina.
Santiago de Chile, 15 de abril 2006
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