La abogada Nancy St whas, en compañía de los dirigentes del gremio, presentó los cargos contra la transnacional minera por tácticas desleales contra familiares de los trabajadores en huelga para obligarlos a reanudar las faenas bajo amenazas de despidos en masa.
El escrito dice que «la empresa comenzó un trabajo de «convencimiento» hacia las esposas e hijos de los empleados, mediante presiones indebidas de fuerza moral», y que -afirman- «se manifestaron a través de llamadas telefónicas o visitas a viviendas».
«Supervisores y otros directivos se contactaron con las cónyuges o convivientes u otros familiares cercanos, informándoles que si los trabajadores sindicalizados no se reintegraban al trabajo serían despedidos, perdiendo todos los beneficios acumulados», subrayaron.
El documento precisa asimismo la entrega de una carta a los dos mil 052 asociados, quienes desde el lunes «están en libertad» de negociar en forma individual con la compañía, y donde se «induciría a error», por cuanto -argumenta- se entrega un acuerdo incompleto.
«Se envían las cartas a las viviendas de los trabajadores para infundir temor a sus familias para que a través de ésta, el trabajador se sienta presionado moralmente a abandonar la huelga, y atentar de esa manera contra la libertad sindical», precisó Luis Troncoso.
El presidente del sindicato, quien se mostró indignado por la prepotencia e impunidad con actúan los representantes de la transnacional, demandó el cese de las presiones y amenazas y pidió a las autoridades que se multe a la empresa, como establece la ley.
Luego que los representantes de Escondida dieron por concluidas las conversaciones con el sindicato, la Dirección del Trabajo dijo «continuar disponible» para intervenir como mediador, pero insistió en que el problema era un asunto «entre privados».
La secretaria regional (SEREMI) del Ministerio de Trabajo descartó la participación directa del secretario de Estado, Osvaldo Andrade, como reclaman los trabajadores, alegando que esa es una función que corresponde ejecutar al órgano zonal.
Patricio Bustos, titular de esa dependencia, señaló que el gobierno «va a continuar cumpliendo su rol institucional y que consiste en que a través de la Dirección del Trabajo manifestemos nuestra permanente disponibilidad para intermediar, si las partes nos convocan».
Agregó que «los sindicatos y las empresas están en toda la capacidad ciudadana de solicitar intervenciones de todas las autoridades que ellos necesiten», pero reiteró que «este es un conflicto entre privados, que tiene carácter regional».
La opinión contrasta marcadamente con la postura de los trabajadores, quienes han dicho que este es «un conflicto país», que ocasiona pérdidas al Estado, y que con la cantidad de días en huelga ya se hubiese cancelado tres veces su petitorio inicial.
Tras criticar severamente la incongruencia del gobierno, que les niega el respaldo y protección como trabajadores chilenos en un conflicto con un ente extranjero, aseveran que «la empresa se niega a aceptar las demandas no por un factor económico, sino ideológico».
Mientras tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, aseveró que lo que ocurre en Escondida pone de nuevo sobre el tapete la discusión sobre «una nueva nacionalización del cobre».
Santiago de Chile, 24 de agosto 2006
Crónica Digital/PL , 0, 148, 18
