El Ejecutivo no tiene certeza de la autenticidad de los documentos -recibidos por el consulado de Chile en Los Angeles (Estados Unidos)- que dan cuenta de la presunta existencia de nueve toneladas del metal precioso depositados en el Hongkong Shanghai Banking (HSBC).
Tal es la conclusión de una reunión de cerca de una hora sostenida en La Moneda entre la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Belisario Velasco, donde ambos revisaron un «dossier» hecho llegar el 13 de octubre pasado por un funcionario a la Cancillería.
A pesar de que el canciller Alejandro Foxley había dicho temprano que se trataba de una información que «por lo menos habría que ser tomada en cuenta», la mandataria insistió anoche que «es la justicia la encargada de ver si es verídica o no».
«El gobierno no ha hecho otra cosa más de lo que corresponde y no tenemos más comentarios. Los tribunales tienen los antecedentes y son los determinados a decidir si es efectivo o no», subrayó de modo cortante la mandataria en su primera reacción sobre el caso.
Ese tema sigue acaparando por segundo día consecutivo los titulares de los principales medios informativos del país, hoy con nuevas precisiones sobre el origen de la información y reacciones de los distintos actores envueltos en el escándalo
El operador que reveló al gobierno chileno el interés de otro broker de comercializar los supuestos depósitos en lingotes de oro que el ex militar mantendría en Hong Kong, asegura que la documentación es «genuina y auténtica», según afirman medios locales.
Dicho individuo, que se hace llamar Al H. Landry, se contactó el pasado 11 de octubre con el cónsul chileno en los Angeles para dar cuenta que otro operador, identificado como Kevin Shani, estaba ofreciendo en los mercados financieros los certificados del HSBC.
La posibilidad de recibir un 0,5 por ciento de comisión por encontrar las 9,6 toneladas de oro que, supuestamente, Pinochet mantiene en un banco de Hong Kong, habría motivado al operador norteamericano a ponerse en contacto con autoridades chilenas.
Según Landry, si el metal precioso ha sido robado por Pinochet al Estado de Chile, el certificado podría pasar a nombre del país y éste, si lo estima conveniente, venderlo en el extranjero, para cuyo proceso éste ofreció los servicios de su compañía.
Los certificados que acompañan el voluminoso informe establecen que la cuenta fue abierta el 11 de junio de 1980 (pocos meses después de un dudoso plebiscito en el que Pinochet se impuso) que identifica al propietario a través de un código.
Sin embargo, otros antecedentes remitidos por Landry a las autoridades chilenas individualizan al ex dictador como el propietario del depósito, e incluso en uno de ellos se destaca su calidad de Presidente de la República de Chile.
Según el periódico digital El Mostrador, se trata de fotocopias de documentos que fueron digitalizados, y que aparentemente habrían sido legalizados en una notaría alemana, en diciembre de 2004, pues cuentan con timbres con palabras en ese idioma.
Hasta el momento ninguna autoridad ni funcionario chileno ha podido acceder a los papeles originales.
Círculos cercanos a la investigación sobre el caso Riggs consideran que se trata de antecedentes que todavía resultan poco confiables, según medios locales.
A ello también se suma la declaración emitida el miércoles por el HSBC, en el sentido de que las primeras indagaciones internas no darían cuenta de la existencia de un depósito en oro a nombre del ex gobernante en Hong Kong ni en otra sucursal.
Santiago de Chile, 27 de octubre 2006
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