No se ha pronunciado públicamente sobre Bordaberry, pero trascendió que siente preocupación por la suerte de su colega uruguayo -procesado por el asesinato de cuatro opositores-, tema que estaría a punto de manchar su fiesta de onomástico.
Probablemente, también recuerde los procesos judiciales por violación de los derechos humanos contra otros protagonistas de Operación Cóndor, como los generales Jorge Videla y Roberto Viola y el almirante Emilio Massera, de Argentina.
Asimismo, debe recordar al recientemente fallecido dictador paraguayo Alfredo Stroessner y otros colegas bolivianos y peruanos del Cóndor, que se han auto-exiliado o están directamente en fuga.
Estas noticias pesan en la mente de quien, a los 91 años, enfrenta querellas por grave violación de los derechos humanos, asesinato y torturas, así como por tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude tributario y falsificación de documentos.
Las medidas judiciales que lo tienen limitado a su domicilio de La Dehesa corresponden a varios crímenes durante su dictadura (1973-90), comenzando por el golpe militar que encabezó contra el presidente Salvador Allende.
El proceso de enjuiciamiento del otrora hombre fuerte comenzó en 1998, cuando Gladys Marín, la ya fallecida líder del Partido Comunista de Chile, interpuso una querella contra Pinochet por genocidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal, entre otros cargos.
Las acusaciones siguieron en serie: el asesinato del ex jefe del Ejército general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires (1974), y la Operación Colombo (1975), con un total de 119 chilenos desaparecidos.
Asimismo, el secuestro del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, cuyo cadáver apareció en Uruguay en 1995, y otros cargos relacionados con el centro de detención clandestino Villa Grimaldi.
El caso de la Caravana de Muerte, con decenas de chilenos asesinados, resultó en el sobreseimiento de Pinochet, en 2001, tras alegar que sufría una supuesta «demencia subcortical moderada».
El abogado querellante en el caso «Operación Cóndor», Eduardo Contreras, declaró entonces y reiteró esta semana a Prensa Latina que Pinochet está capacitado para enfrentar la justicia y lo acusó de estar jugando con los tribunales.
El año pasado, en vísperas del cumpleaños 90, Contreras puntualizó que las actividades que realizaba habitualmente Pinochet constituían una señal de que no está loco ni demente, como se pretendía presentar.
Sus defensores, sin embargo, aseguran que la salud de Pinochet está muy resentida y que el anciano ex dictador se ha vuelto muy dependiente de sus familiares para trasladarse de un lugar a otro.
Pinochet fue judicialmente desaforado en 11 ocasiones, perdiendo así su inmunidad como senador vitalicio. Durante un viaje a Gran Bretaña, fue detenido y acusado de genocidio, terrorismo y torturas, trámite que terminó después de casi un año y medio.
Su escándalo financiero mayor es el Caso Riggs, nombre del banco norteamericano donde escondía millones de dólares mal habidos.
Aunque en los últimos días trascendió -sin confirmación aún- que Pinochet tendría nueve toneladas (mil lingotes valorados en 160 millones de dólares) en el Hong Kong and Shanghai Banking.
Más allá de los crímenes y de los robos, de la sangre y el dinero, Pinochet tiene otra preocupación -surgida en estos días- que le puede empañar su cumpleaños 91.
Se trata del «tiro por la culata» provocado por sus propios familiares al intentar mejorar la imagen del general ante la opinión pública y el poder judicial mediante una curiosa operación mediática.
Lucía, su hija mayor, declaró a los medios chilenos que su padre «está abierto a recibir en privado a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque sus historias le causan mucho dolor».
Dijo que Pinochet «siente mucho dolor por estas personas, por lo que está dispuesto a recibir a los deudos de sus opositores en privado», aunque aclaró que en ningún momento estaría dispuesto a «pedir un perdón nacional, como quieren algunos».
Los familiares de los aproximadamente tres mil detenidos-desaparecidos chilenos reaccionaron de inmediato y calificaron la maniobra de la hija de Pinochet como «una burla y una falta de respeto».
Por: Jorge Luna. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 24 de noviembre 2006
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