De un ambiente de lucha por la recuperación de la democracia en el cual quienes participaban abiertamente eran unos pocos políticos y muchos integrantes del mundo social (sindicalistas, estudiantes universitarios, mujeres) de miedos, pero también de mucha esperanza, se pasó a un primer gobierno, dirigido por Patricio Aylwin que, superando las amenazas del mundo militar que deseaba seguir protegiendo a los violadores de los derechos humanos y a la familia del ex dictador, logró dar pasos importantes de concertación social.
Fue en ese período, cuando la derecha temía una explosión social de demandas plenamente justificadas, que gracias a la visión de país de autoridades, empresarios y trabajadores se logró conformar una mesa de diálogo que abordó diversas temáticas sociales, laborales y legislativas que, aunque insuficientes, fueron vitales para la estabilidad de la democracia y para crecer a niveles por sobre el 7 por ciento.
La tendencia se mantuvo con fuerza durante el gobierno del también DC, Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien vio amagado su éxito debido a la crisis asiática y sus fuertes repercusiones en nuestra economía.
Durante el gobierno de Lagos, comenzó un repunte que también se vio amagado por el escándalo abierto con el caso Mop Gate. Fue este episodio el que abrió la puerta para iniciar un proceso que debió ser vital en el paso fundamental que Chile debía dar para salir de la lista de países subdesarrollados.
Este paso decía relación con la modernización del aparato del Estado. En un proceso que incluyó a gobierno y oposición se reformularon procedimientos, se fijaron incentivos e introdujo tecnología de la información.
Todo con el fin de lograr que nuestro aparato estatal anquilosado por años, sumergido en oscuros edificios, burocrático, lento, regido por la lógica de juntar y juntar papeles para verificar un simple trámite, se modernizara, agilizara sus procedimientos y demostrara eficiencia y eficacia.
Los primeros años de este proceso implicaron un cambio fundamental, especialmente a nivel de algunas reparticiones, como la Dipres, el SII, Registro Civil y otros. Los trabajadores felices porque, a cumplimiento de metas mayores ingresos con un premio llamado PMG, cada tres meses de una no despreciable suma de dinero extra.
¿Pero, sirvió todo esto realmente para que el Estado mejorara su servicio, dejara de dilapidar recursos y verificara que efectivamente éstos llegaran a quienes estaban destinados? En lo fundamental, no.
Quiero dar sólo unos pocos ejemplos de lo que llamo el peor error de la concertación: no haber sido capaz de imprimir eficiencia en la gestión.
Increíble que, hasta el día de hoy se formulen nombramientos de autoridades que, o no cumplen con los requisitos académicos o se encuentran sometidos/as a sumarios.
No es posible que el Sence persista con su añeja estructura y falta de focalización efectiva del uso de los recursos.
No es posible que, tras siete años de aplicación de los planes de empleo de emergencia, exista una apreciación negativa de éstos debido a que: el 70 de quienes ocupan estos puestos están en ellos desde su creación, es decir mantienen como permanente un programa formulado para superar una crisis puntual (asiática no representan aportes productivos reales y, además, han dado pié para que algunos vivos se apropien de los dineros para financiar campañas políticas.
Tampoco es posible que casi 50 mujeres hayan muerto en lo transcurrido de año debido a lo que se ha llamado femicidio, delito que en el caso dramático de Katherine Casas Cordero hizo patente lo que miles de personas sufren diario: la insuficiencia de los juzgados de familia. Recuerdo claramente la promesa de octubre de 2005 cuando se dio el vamos a estos tribunales: la justicia sería rápida y certera. Acabo de ver la entrevista a quien esperara la puesta en marcha de este sistema para presentar su caso respecto a tuición. Lo hizo el día de la puesta en marcha de los tribunales hace ya dos años y aún está a la espera de una resolución. Reclama, por ejemplo, que no se previó el trabajo que debería realizar el Instituto Médico Legal con esta iniciativa, servicio que no sólo tiene instalaciones vetustas, sucias y estrechas, sino que además no cuenta con el personal, la tecnología ni los recursos suficientes para hacer frente a su tarea.
Para que hablar del Transantiago.
No es posible que sabiendo, hace ya años, que existen más de 100 programas para el fomento de la pequeña, mediano y micro empresa, dependientes de seis ministerios aún no se haya racionalizado su existencia dando pie, de nuevo a la ineficiencia y a la posibilidad cierta de desvío de fondos.
No es posible que algunos ministerios y servicios lleven poco más del 50% del presupuesto ejecutado a estas alturas del año. Sabido es por muchos y muchas que, al llegar diciembre, comienza una fiebre compradora de muebles, sillas, programas, para ocupar el presupuesto en lo que caiga, según lo permitan las partidas.
Se crean beneficios, pero no se crean los mecanismos para hacerlos llegar a la ciudadanía. Prueba de ello es, por ejemplo, que sólo el 48% de las personas que podrían recibir el subsidio por el alza de la energía eléctrica hayan accedido a él.
Gestión, no hay gestión, pero menos hay sanción para el que no hace la pega. Ese es nuestro peor error.
Myriam Verdugo es consejera nacional PDC. Directora de la revista Impacto.
Santiago de Chile, 5 de octubre 2007
Crónica Digital
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